Este martes, la ministra del Interior, Izkia Siches, presentó las prioridades legislativas de su cartera ante la sesión de la comisión de Seguridad Pública del Senado. Esto, a una semana de que el Presidente Gabriel Boric diera por finalizado el periodo de instalación del Gobierno y a dos días de los hechos de violencia que se vivieron en el barrio Meiggs, lo que reavivó el debate en materia de seguridad.
Según el diagnóstico de la ministra, el contexto de la pandemia "ha producido una disminución en la tasa de victimización de los hogares, pero a pesar de ello, la percepción de la delincuencia ha seguido aumentando".
Las cifras de Interior señalan que la cantidad de homicidio por armas han aumentado de 2016 a 2020 -independiente del contexto de pandemia- y el aumento de homicidios por armas de fuego ha crecido mas de un 41%.
"Son números muy preocupantes, y todo indica que, lo más probable, es que estas cifras sigan aumentando en el contexto de desconfinamiento y en el momento que atravesamos", dijo Siches.
Objetivos de la agenda
Así, las prioridades legislativas se dividen en cuatro objetivos. El primero, apunta a dotar al Estado de una nueva institucionalidad en materia de seguridad, "que permita tener más y mejores herramientas para el fortalecimiento y la paz de nuestros barrios".
En este punto, se acoge la idea para avanzar hacia un Ministerio de Seguridad y un nuevo proyecto de ley de reforma al sistema de inteligencia.
En segundo lugar, recomponer la confianza y legitimidad de la ciudadanía y sus policías. En ese sentido, Siches recordó que ya se inició un trabajo en torno a la reforma a las policías, para avanzar en torno a la carrera policial, especialización y profesionaliación, y en modificaciones al código Penal y Procesal, junto con la Unidad Coordinadora Ministerial de Reforma a las Policías.
En tercer lugar, impulsar acciones concretas que permitan prevenir y controlar el delito, generando espacios públicos seguros; y en cuarto punto, tener acciones concretas para proteger a las víctimas de los delitos violentos.
En este último punto, existe una propuesta para poder incorporar una nueva figura de un Consejo Asesor de atención a víctimas de delitos, que coordine a distintos actores y que cuente con un registro único de víctimas y "consolidar un conformar formalmente el Observatorio Permanente de víctimas de delitos".
Crimen organizado y control de armas
En cuanto al crimen organizado, Siches recordó que existe preocupación porque en el país "han pasando distintas bandas de connotación de interés nacional, junto con las distintas bandas criminales".
Por eso, se buscará
fortalecer la ley de control de armas de fuego. Esto, porque según el diagnóstico del Interior, existe una gran cantidad de armas inscritas pero también no inscritas que están en manos de delincuentes. "Se han internado en los últimos 10 años más de 82 mil armas a nuestro país; hay mas 765 mil armas inscritas en manos de personas que han cumplido con la normativa vigente", señaló.
Sin embargo, la apuesta del Gobierno es avanzar a una sociedad donde la tenencia de armas, "más que ser una norma como está ocurriendo, donde los civiles se arman para defenderse de la delincuencia, ojalá esto sea de carácter excepcional".
Así, el horizonte es que "ojalá las armas sean sólo del monopolio de las policías y no de la necesidad de uso como ocurre en la actualidad", por lo que se buscará que la tenencia sea "de carácter excepcional (...) que este justificado y sólo para fines calificados".
Además, se buscará restringir el acceso de armas a quienes las hayan perdido o reportado como robadas, pues se han observado prácticas donde personas con armas debidamente inscritas reportan el robo de la misma, adquieren otras, y la vuelven a reportar como extraviada, lo que abre la presunción de que dicho armamento puede ser vendido al mercado negro.
En materia de tráfico de migrantes, también se buscará perseguir a los "coyotes", quienes "hacen funciones ilícitas con personas con las necesidades de migración que todos conocen", remarcó Siches.
Por último, la agenda incluye un proyecto de ley que permita perseguir los recursos, esto es, el lavado de dinero y activos por parte de delincuentes y organizaciones criminales.
