SANTIAGO.- A fines de abril, el Gobierno declaró al borde costero de la Región de Los Lagos como zona de catástrofe por los nocivos efectos de la marea roja en los recursos marítimos, prohibiendo su extracción a los pescadores artesanales.
Desde entonces, ambas partes se han visto enfrentadas en un tira y afloja sin solución y que tiene a la isla de Chiloé incomunicada con el continente y con serios problemas de abastecimiento.
El 29 de abril, luego de que se
declarara zona de catástrofe, se prohibió la extracción de los recursos marinos, dejando sin trabajo a los pescadores artesanales de la zona.
Ante el creciente llamado de los trabajadores pesqueros de la zona, en especial de Chiloé, cuyas familias se sustentan mayoritariamente con esta actividad, el Gobierno ofreció un bono compensatorio a los afectados de $100 mil mensuales
Inmediatamente el rechazo se hizo evidente. Dirigentes y alcaldes de Chiloé mostraron su negativa al monto por considerarlo "demasiado pequeño" y que "no constituye en la práctica una ayuda para los pescadores", como expresó el edil de Dalcahue, Juan Alberto Pérez.
Los dirigentes, entonces, convocaron a protestas y se tomaron los accesos a la isla, cortando el paso a cualquiera que quisiera entrar o salir.
Los pescadores pedían un bono de al menos $300 mil, pero el ministro de Interior, Jorge Burgos, argumentaba que "
no somos un Gobierno de billetera fácil".
Segunda oferta
Sin embargo, fue nuevamente rechazada por los trabajadores pesqueros, quienes además entregaron un petitorio con 15 demandas para terminar el conflicto.
El pasado fin de semana, los dirigentes de los pescadores de la región y el Gobierno llevaron a cabo negociaciones para definir finalmente una solución.
Tercera oferta
El domingo, los líderes pesqueros recibieron un llamado, a altas horas de la noche, de parte del ejecutivo con la que sería la tercera propuesta del Gobierno. Serían $900 mil en total para los afectados, en una primera entrega de $400 mil y dos de $250 mil.
En la mañana de este lunes, el vicepresidente de los pescadores de Chiloé, Luis Cárdenas, se presentó frente a los medios, no sólo para rechazar por tercera vez el bono, sino también para presentar un
nuevo petitorio, esta vez de 28 puntos y que detalló sus demandas para una compensación económica.
En el texto, los pescadores especificaron que el rechazo se debía más bien a los requisitos para otorgar el beneficio y exigieron un total por familia de $1,8 millones, que consistía en un bono de $300 mil por término de conflicto y cinco cuotas del mismo monto, los que se deberían extender si la marea roja perduraba por más tiempo.
Sólo horas después, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunció que, a pesar del rechazo,
igualmente entregarían a las familias afectadas un bono de $300 mil y tres mensuales de $150 mil cada uno, volviendo a bajar la oferta a un total de $750 mil.
"Nosotros dejamos establecida nuestra voluntad de diálogo y acuerdo, pero también
hay un cierto límite (...) Las peticiones de los pescadores, en vez de ir acotándose, se han ido ampliando", argumentó Céspedes.
