El senador Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo (PDA), es quizás el principal contradictor de Uribe en la política colombiana, a quien ha denunciado reiteradamente de tener vínculos con grupos paramilitares y con narcotraficantes.
Esas denuncias las recopiló en su libro "Por las sendas de El Ubérrimo", que hace referencia a la hacienda del ex Presidente, a quien acusa de haber fundado un grupo paramilitar, de acumular tierras y de proteger a involucrados en el narcotráfico.
Cepeda, de 58 años, es hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994 en Bogotá durante la campaña de exterminio del partido Unión Patriótica.
Es uno de los testigos clave del caso. Hizo parte del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y cumple una condena en la cárcel bogotana de La Picota.
Monsalve, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia de Uribe, testificó que el Bloque Metro se fundó en esa finca entre 1996 y 1997, con la participación de varias personas, entre ellas el ex Presidente y su hermano Santiago Uribe.
La versión que ha contado Monsalve, es que en ese predio se planearon matanzas que luego cometieron los escuadrones del grupo, acusaciones que Uribe y su defensa siempre han negado.
Monsalve posteriormente se retractó de esas acusaciones y dijo que cambió su testimonio por presiones del abogado Diego Cadena, uno de los defensores del ex Presidente.
La principal prueba de esa supuesta presión es una grabación que hizo el mismo Monsalve a Cadena en uno de sus encuentros.
El testimonio de Monsalve fue decisivo para la Corte, pero la defensa de Uribe asegura que Monsalve es un falso testigo y que contrario a lo que ha dicho, fue él mismo quien buscó a los abogados para ofrecerles cambiar su testimonio.
Es un abogado penalista que fue parte del equipo legal del ex Presidente, enfrenta ante la justicia el mismo delito por el que la Corte Suprema ordenó la detención de Uribe, con la diferencia de que el caso del letrado está en manos de la Fiscalía General.
La Fiscalía, que imputó a Cadena la semana pasada y pidió para él detención domiciliaria, asegura que el abogado visitó en cárceles del país a varios ex paramilitares, entre ellos Carlos Enrique Vélez, a quien le entregó dinero para que cambiara su testimonio a favor de Uribe.
Cadena, conocido por haber defendido a narcotraficantes, ha aceptado que sí entregó dinero a Vélez, pero asegura que no se trató de un soborno sino de una "ayuda humanitaria", e insiste en que fue extorsionado por el ex paramilitar.
Según la defensa de Uribe, el senador nunca tuvo conocimiento de los tratos que hacía Cadena, pero la justicia rastreó el teléfono del abogado y encontró que éste le informaba a su apoderado, el senador Uribe.
También cumple una condena en prisión y fue el hombre a quien según la Fiscalía, Diego Cadena visitó el 18 de julio del 2017 en la cárcel de Palmira, en el Valle del Cauca (suroeste).
La Fiscalía argumenta que Cadena prometió el pago de 200 millones de pesos (unos 53.000 dólares) para que Vélez "declarara falsamente ante la Corte Suprema, a la cual le debía cambiar su versión respecto a que el senador Iván Cepeda lo había abordado varias veces para que presentara una versión en contra de Álvaro Uribe Vélez".
Por decisión unánime los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia: César Reyes, Francisco Farfán, Héctor Alarcón, Misael Rodríguez y Marco Antonio Rueda fueron quienes determinaron que el ex presidente debe responder al proceso en detención domiciliaria al considerar que hay riesgos de que obstruya la justicia.
"La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran" al senador Uribe, señaló la Corte en un comunicado.
Representante en la Cámara del partido oficialista Centro Democrático, creado por Uribe en 2014, es acusado igualmente de participar en el presunto soborno y fraude procesal "en calidad de cómplice", pero la Corte no pidió para él la detención domiciliaria, con lo cual puede responder en libertad.