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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 06:43
Ex vicepresidente y ex consejero (ministro) de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña. Es líder emblemático de la Esquerra Republicana (ERC) y considerado una figura clave en el intento independentista, al ser el encargado de preparar la consulta de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. Es el principal acusado, en ausencia del ex Presidente Carles Puigdemont, y deberá pasar 13 años en prisión. Sedición y malversación son sus delitos.
Ex vocero y ex consejero de la presidencia de Cataluña, fue uno de los más activos en la defensa de la consulta separatista conocida como "1-O". Era uno de los dirigentes mejor posicionados y quien presentó ante el Parlamento los proyectos de ley sobre el referéndum y la transitoriedad política (leyes de desconexión), base jurídica con la que se pretendía dar cobertura a la posterior proclamación de independencia. Fue condenado por sedición y malversación, recibiendo 12 años de cárcel e inhabilitación absoluta.
Ex consejero de Relaciones Exteriores y Relaciones Institucionales. Antiguo dirigente de Iniciativa per Catalunya Verds (izquierda ecologista), se sumó a las filas independentistas en 2015. Fue indicado por la justicia como el encargado de difundir y legitimar el propaganda secesionista en el extranjero, mediante las embajadas y organismos catalanes fuera de España. Se le setenció a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta por sedición y malversación.
Ex consejera de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat, es la última de los integrantes del grupo de los principales condenados. Según el TS, Bassa participó de reuniones y actos de organización del proceso independentista, además de tomar decisiones "imprescindibles" para la preparación y desarrollo del 1-O. Entre ellas, ceder recintos para la votación y captar a más de 47.000 voluntarios. También fue condenada a 12 años de cárcel e inhabilitación por sedición y malversación.
Ex dirigente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), influyente organización secesionista, fue Presidenta del Parlamento regional y quien leyó la proclamación "simbólica" de independencia el 27 de octubre de 2017. Según el tribunal, cumplió un rol "decisivo" en el "procés"; organizó masivas protestas, y amparó las denominadas leyes de desconexión, ignorando una orden judicial. Fue condenada solo por sedición, lo que le valió una pena de 11 años y 6 meses de cárcel e inhabilitación.
Ex consejero de Interior, su condición de máximo responsable de los Mossos d’Esquadra durante la última fase de la tentativa secesionista marcó su situación procesal, debido a las críticas y sospechas surgidas sobre el papel de la policía catalana el 1-O. Junto a Junqueras es uno de los acusados del Gobierno de Puigdemont que más tiempo pasó en prisión preventiva. Fue sentenciado a 10 y seis meses de cárcel e inhabilitación por sedición.
Ex consejero de Territorio y Sostenibilidad. Según el TS, fue quien intervino para impedir que el puerto de Palamós recibiera al barco donde se alojaría parte de los efectivos policiales que el gobierno central de Madrid había enviado para restablecer el orden en Cataluña ante el "procés". Además, cedió locaciones pertenecientes a su cartera para ser utilizadas durante el referéndum. Absuelto por malversación, recibió una condena de 10 años y seis meses solo por el delito de sedición.
Presidente de la ANC durante el periodo del intento independentista, era visto como el posible reemplazante de Puigdemont en la presidencia regional hasta que renunció a esa chance. Se le responsabiliza por liderar una serie de manifestaciones secesionistas en Barcelona, especialmente aquella ocurrida el 20 de septiembre de 2017, al frente del Departamento de Economía local, en la que se produjeron una serie de disturbios. Acusado de sedición, recibió una condena de 9 años de cárcel.
Fue presidente de la Òmnium Cultural, asociación que promovió el intento separatista, y uno de los fundadores de FemCat, organización privada de empresarios independentistas. También fue responsabilizado por convocar a diversas concentraciones, incluida la del Departamento de Economía que convocó a 40 mil personas. Su detención ha sido muy criticada, incluso, Amnistía Internacional pidió su libertad. Fue sentenciado a nueve años de cárcel y de inhabilitación por el cargo de sedición.
