Luego de que el
Presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunciara la disolución constitucional del Congreso y llamara a elecciones parlamentarias anticipadas, un grupo de opositores presentó una moción de vacancia en su contra, convocando a
un proceso para su destitución por "permanente incapacidad moral".
Vizcarra tomó la decisión después de que el Congreso lo desafiara y eligiera a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC) sin discutir la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo para intentar detener ese proceso.
La decisión del legislativo, que domina el partido fujimorista Fuerza Popular, se tomó en medio de una jornada caótica, que a primera hora incluyó la presentación de la petición de confianza por el primer ministro, Salvador del Solar, quien poco antes se encontró con las puertas del hemiciclo cerradas.
Tras el anuncio del jefe de Estado,
un grupo de legisladores de la alianza opositora Fuerza Popular, de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, presentó una moción para declarar la destitución de Vizcarra.
El legislador Juan Sheput declaró a RPP Noticias que "indiscutiblemente el Presidente y todos sus ministros han incurrido en una gravísima infracción constitucional", al haber anunciado la disolución del Parlamento. "A pesar de otorgarle la confianza, ha insistido en sus caprichos", agregó Sheput.
En opinión del congresista, la medida presidencial "no tiene ningún asidero" y pretende cubrir "su caída en las encuestas" de respaldo popular, con la disolución del Congreso.
Asimismo, el legislador fujimorista Héctor Becerril declaró, a través de su cuenta en Twitter, que "el temor a las 46 investigaciones por corrupción que tiene Vizcarra lo llevó a disolver el Congreso de la República".
"Nosotros daremos la batalla por la democracia. Hoy Vizcarra dio el paso que lo separa de la legalidad, hoy comienza su fin", escribió Becerril.
En tanto, el legislador del partido Aprista del ex presidente Alan García, Jorge del Castillo, afirmó que "este es un golpe de Estado, es un daño enorme que le hace Vizcarra al Perú". "La gente que ha complotado para cerrar el Congreso será la primera que le quite el cuerpo (a Vizcarra) cuando tenga que afrontar un juicio penal por el delito de haber cerrado el Congreso, por conspiración", agregó.
Del Castillo invocó a sus colegas legisladores a "que nos quedemos en este Congreso" y pidió a las Fuerzas Armadas "que no se preste en absoluto a este divorcio".
"El pueblo nos puso aquí y solo él nos puede sacar con los votos", expresó el parlamentario.
En la otra orilla, el
legislador izquierdista Marco Arana declaró que "este Congreso se ha ganado a pulso el repudio y la falta de legitimidad de nuestros pueblos", al respaldar la disolución del Parlamento.
"En este momento en el Congreso, esa mayoría (cuestionada) ha vuelto al hemiciclo, están queriendo plantear la vacancia", para evitar que en "los próximos días se conozcan las investigaciones de los codinomes", dijo Arana en alusión a los sobrenombres que la empresa brasileña Odebrecht le puso a los políticos que ha sobornado en los últimos años.
Por su parte, la legisladora izquierdista de Nuevo Perú, María Elena Foronda, dijo que se va feliz del Parlamento satisfecha porque no habrá más "un Congreso secuestrado por prácticas montesinistas", en referencia al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos condenado por encabezar una mafia corrupta en el Gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000).
