MÉXICO.- El subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Omar Betanzos, dijo este miércoles que no existen pruebas que relacionen a los estudiantes de Ayotzinapa con ningún cártel del narcotráfico como aseguró esta semana un diario nacional.
En una entrevista tras un acto oficial, el subprocurador negó que en las investigaciones del caso haya algún elemento que pueda ligar a los estudiantes con el cártel de Los Rojos.
El pasado lunes, el diario mexicano Milenio difundió una conversación telefónica en la que uno de los portavoces de los estudiantes, Omar García, presuntamente reconocía que entre los alumnos hay infiltrados de ese grupo criminal.
Los Rojos son rivales de Guerreros Unidos, delincuentes que supuestamente asesinaron e incineraron los restos de 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre del año pasado por órdenes del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, según la versión oficial.
Pero Betanzos aseguró hoy que "no hay ningún elemento que lleve a vinculación de los estudiantes hacia alguna actividad ajena a su labor estudiantil", y aseguró: "Somos absolutamente respetuosos de la institución, de la Escuela Normal (de Ayotzinapa) y de los estudiantes".
El funcionario contó que en los próximos días la fiscalía llamará a declarar nuevamente al director de la escuela, José Luis Hernández, para que amplíe su declaración sobre los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.
El estudiante García se defendió de estas acusaciones denunciando la existencia de una campaña de desprestigio hacia los alumnos por parte de autoridades mexicanas y medios de comunicación.
Aseguró además que la conversación, filtrada ilegalmente, fue editada y negó de nuevo cualquier tipo de vinculación con algún grupo criminal.
El 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa que se desplazaban en varios autobuses fueron atacados a tiros por policías en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, presuntamente por órdenes de Abarca.
En los ataques murieron seis personas, entre ellas tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por los policías y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula.
Sin embargo, en un informe presentado en septiembre pasado, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyeron que no había pruebas científicas que confirmaran que los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en ese lugar y pidieron continuar la búsqueda de los alumnos y abrir nuevas líneas de investigación.
