Con preocupación ven desde el sector agrícola nacional la aprobación ayer por parte del pleno de la Convención Constitucional de las normas sobre el derecho de propiedad de pueblos indígenas, protección, restitución y reparación de tierras.
Sobre la propiedad indígena, lo aprobado plantea que el Estado reconoce y garantiza "el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos". Agrega que "la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección". Para ello, establece que el Estado fijará los "instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución".
Respecto a lo último, enfatiza que "constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general". Asimismo, en su inciso final plantea que "los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva".
Dicha redacción fue criticada por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, quien sostuvo que "con esto, todo el territorio chileno queda bajo cuestionamiento de propiedad, generando tensión e incerteza y desigualdad ante la ley según origen étnico".
"Las ciudades y los sectores rurales basan gran parte de su economía en la agricultura exportadora, que se ha desarrollado en terrenos adquiridos de forma regular y en Estado de Derecho", recalcó. A su vez, agregó, "el agro y sus campos han generado grandes oportunidades a los trabajadores y su entorno".
Allendes también cuestionó otra de las disposiciones aprobadas y que tiene que ver con la expropiación. "El propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo previo del bien expropiado", señala la redacción, la que, a juicio del presidente de la SNA, es "mala y vaga".
"¿Quién y cómo se define el precio justo? ¿En cuánto tiempo será el pago y de qué forma? Son muchas las incertidumbres que dejan estas normativas que debilitan el derecho de propiedad.", concluyó.
Por su parte, juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, expuso que "creemos que lo aprobado ayer en la Convención Constituyente no protege la propiedad privada y genera una incertidumbre jurídica enorme, ya que bajo la nueva normativa cualquier tierra que perteneció a pueblos indígenas podría ser expropiada".
"Nos preocupa cuál es el criterio que se ocupará en la expropiación y cómo se determinará que eran tierras de pueblos originarios. Más allá del precio justo que propusieron, consideramos que esta iniciativa terminará perjudicando a miles de emprendedores, agricultores y a mipymes forestales en la macrozona sur, afectando con esto las certezas respecto a la inversión", cerró.
