Fue ingresado el pasado 1 de junio al Congreso por parlamentarios de oposición y, al igual que la idea que permitió a los afiliados retirar el 10% de sus fondos de pensiones, se trata de un proyecto de reforma constitucional. Es la iniciativa que busca gravar, por única vez, el patrimonio de los denominados "súper ricos" del país y comenzará su debate legislativo hoy en la tarde, en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
El objetivo es obtener mayores recursos para hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia, buscando, de acuerdo con el proyecto, "estructurar un impuesto transitorio, equivalente al 2,5% del patrimonio de las personas más ricas del país, que detenten un patrimonio igual o superior a US$22 millones".
La idea es impulsada por los diputados Gabriel Ascencio (DC), Karol Cariola (PC), Giorgio Jackson (RD), Daniel Núñez (PC), Luis Rocafull (PS), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Alexis Sepúlveda (PR), Raúl Soto (PPD), Camila Vallejo (PC) y Esteban Velásquez (FRVS). Y, según los cálculos expuestos en el texto de la iniciativa, "el establecimiento de este impuesto podría allegar recursos al fisco equivalentes a US$6.500 millones".
"Esa recaudación permitiría implementar políticas públicas de emergencia social y económica, tale como una renta básica de emergencia por sobre la línea de la pobreza", agrega el documento, y asegura que esto alcanzaría a "al menos el 80% de los hogares más vulnerables, por 3 meses, sin distinguir entre trabajadores formales e informales", beneficiando a más de 11 millones de personas.
Según comentó a Emol la diputada Alejandra Sepúlveda, "frente a lo que está ocurriendo hoy día en la pandemia y las condiciones presupuestarias que tiene el país, excepcionalmente, por una sola vez, estamos planteando que exista este impuesto de alrededor de 2,5%. Creo que es algo urgente, sobre todo por las complicaciones sanitarias y sociales que hoy día tenemos".
Dicho eso, indicó que son alrededor de 1.500 las personas que se verían gravadas con este impuesto, aunque también afirmó que el proyecto podría focalizarse solo en los "súper súper ricos", que son un puñado de 260 personas que tienen un patrimonio, cada una, de US$600 millones.
Además, expuso que este impuesto no tiene que ver con gravar "inversiones o con creación de trabajo, sino que es el patrimonio en el mercado de capitales, que está en valores, pero que no genera trabajo", con lo que, recalcó, se recaudaría "más o menos US$6.500 millones, que es la mitad de todo el financiamiento que plantea el ministro de Hacienda para la reactivación económica".
El rechazo de Hacienda
En entrevista con Tele13 Radio, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, expuso ayer sus reparos a la iniciativa, señalando que "tiene mucho de etiqueta y poco de bajada, suena bien, pero propone una solución ficticia a un problema que es complejo. De hecho, los pocos países que lo han tratado la gran mayoría lo ha abandonado, porque es difícil y caro de fiscalizar, recauda poco y hay una serie de definiciones que este proyecto no aborda ¿Usted va a gravar los activos o el patrimonio? Porque es distinto".
"O sea, es bien compleja la discusión, afuera hay bastante evidencia que muestra que esta política pública no cumple con los objetivos que se plantean", dijo, criticando además que "una vez más vamos a abordar a través de una reforma transitoria a la Constitución lo que es propio de la ley y el debate legislativo".
Sumado a lo anterior, el jefe de la billetera fiscal afirmó que este proyecto "no respeta el principio básico en tributación que es la no afectación: los tributos no pueden tener un destino específico por razones obvias, y este proyecto viola ese principio al plantear un impuesto a los súper ricos con un fin de financiamiento específico".
Sobre las críticas de Briones, Sepúlveda señaló que "yo hubiese pensado que el ministro hubiese estado más bien contento, y que él se hubiese de alguna manera incorporado y acelerado esta iniciativa. Siempre nos dice que nosotros pedimos y pedimos y no encontramos fórmulas para poder encontrar los recursos, bueno acá hay una fórmula de encontrar recursos".
"Es bien compleja la discusión, afuera hay bastante evidencia que muestra que esta política pública no cumple con los objetivos que se plantean".
Ignacio Briones
Asimismo, acotó, "existen varios estudios donde han dicho que a partir de esta pandemia la desigualdad social ha aumentado en América Latina y ha aumentado en alrededor de un 25%, y en Chile además ha aumentado en forma sostenible. Entonces ojalá él (Briones) se sume a esta iniciativa".
Otro que entró al debate sobre esta idea fue el empresario Andrónico Luksic, quien a través de Twitter sostuvo la semana pasada que "no me opongo a ninguna idea que se discuta en forma seria y responsable pensando en el bien de Chile".
"Enfrentamos una dura prueba y se requiere ayuda de todos, más de los que más tienen", añadiendo que "recaudar es bueno, pero gastar bien es mejor. En eso el Estado debe hacer un esfuerzo importante".
Por su parte, el economista y ex ministro de Hacienda,
Manuel Marfán, se refirió al tema hace algunos días en entrevista con
EmolTV, y comentó que
"he escuchado a algunas de las personas más ricas de este país decir que ellos no se oponen" a este eventual impuesto. Ahora, dijo, "
si ese fuera un impuesto permanente, sería una pésima idea, los países más desarrollados que no lo tienen no es que sean tontos".
"Es mucho más fácil evadir y eludir un impuesto al patrimonio que un impuesto a las utilidades. Entonces, es un incentivo para sacar las platas del país y depositarlas en paraísos fiscales (...). Yo elegiría otros impuestos", apuntó.
