El príncipe Harry puede demandar al gobierno británico sobre sus disposiciones de seguridad en el Reino Unido, sentenció un juez en Londres el viernes.
Harry y su esposa Meghan perdieron la protección policial pagada por los contribuyentes cuando renunciaron a sus funciones como miembros de la familia real y se radicaron en América del Norte en 2020.
El príncipe quiere pagar la seguridad policial de su bolsillo cuando visita Gran Bretaña y está demandando al gobierno porque se niega a permitirlo.
El juez Jonathan Swift sentenció el viernes que
el caso puede ir al Tribunal Superior en Londres. Rechazó algunos aspectos de la demanda, pero dijo que algunos de sus fundamentos "dan lugar a un caso con mérito" que merece una audiencia.
El juez aclaró que la "conclusión en la etapa de permiso de que un caso tiene fundamentos dista de la conclusión de que el caso tendrá éxito en la audiencia final".
No se ha fijado fecha para la audiencia.
Los duques de Sussex se casaron el castillo de Windsor en 2019. Renunciaron a sus funciones al año siguiente debido, dijeron, a las intromisiones insoportables y actitudes racistas de los medios británicos.
Los abogados de Harry dijeron que el príncipe es renuente a viajar con los hijos de la pareja -Archie, de 3 años, y Lilibet, de un año- al país debido a la falta de seguridad.
El príncipe quiere poder pagar su protección porque su equipo de seguridad privado en Estados Unidos carece de jurisdicción en el exterior y acceso a la inteligencia británica,
Sus abogados también cuestionan la decisión de febrero de 2020 del Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas de retirarle la seguridad real plena, porque Harry no pudo presentar argumentos a su favor de antemano.
El gobierno británico sostiene que la decisión del comité fue fundada y que
no se puede pagar la protección policial en forma privada.
