Un dramático
caso de "pornovenganza" afectó a una
mujer española, quien no aguantó la presión y terminó
quitándose la vida. La historia de Verónica aparece hoy en todos los medios españoles, que dan cuenta de la muerte de la mujer de 32 años abrumada por la
difusión de un video sexual que había sido grabado hacía cinco años, pero que hace pocos días
se viralizó dentro de la empresa donde se desempeñaba.
La mujer, quien
era madre de dos hijos de nueve meses y cuatro años, trabajaba en una fábrica de camiones, donde
la semana pasada comenzaron a circular rumores respecto a la existencia de la grabación, la que luego
se difundió en un grupo de WhatsApp.
De acuerdo al diario El Mundo, en un primer momento se dijo que el video había sido compartido por equivocación por la propia Verónica. Sin embargo, también
se especula que fue difundido por la pareja que tenía hace cinco años y que ahora
quería retomar la relación.
Sin embargo,
ante la negativa de la mujer, el sujeto la habría chantajeado con viralizar la grabación, amenaza que finalmente cumplió.
Las imágenes no solo fueron vistas por los compañeros de trabajo de la mujer, sino que también por
su actual marido, quien
sufrió una crisis de ansiedad. Los colegas de Verónica suponían que, agobiada por toda la situación, ella
renunciaría a la empresa, sobre todo luego de que el viernes pasado se retirara antes de terminar su jornada laboral.
Sin embargo,
Verónica no soportó la presión y el sábado se quitó la vida.
Según una declaración pública de la empresa donde se desempeñaba la mujer, ella
informó al departamento de recursos humanos la situación por la que estaba pasando y, aunque
se le ofreció presentar una denuncia, Verónica se negó.
Pese a la versión de la compañía, el sindicato de Comisiones Obreras anunció que
denunciará a la empresa por no activar el protocolo de acoso sexual y considerar su caso como un accidente laboral.
En tanto,
la policía se encuentra investigando si fue ella quien grabó el video o si lo hizo alguien con su consentimiento o sin él, así como quiénes fueron los autores de la difusión, los que podrían enfrentarse a un delito contra la intimidad.
El Código Penal español castiga con entre
tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.
