La Universidad de Santiago respaldó categóricamente a la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, y la determinación de no entregar los antecedentes académicos que llevaron a otorgarle un año sabático con goce de sueldo.
La petición que fue realizada por El Polígrafo de El Mercurio en diciembre del 2022, específicamente se solicitó "conocer las actividades académicas que ha desarrollado la señora Elisa Loncón durante los último 5 años (2018-2022) como académica de la Universidad de Santiago, indicando si ha realizado cursos de pregrado o postgrado, de cuántas horas, así como el detalle de la publicación de papers o estudios publicados por la Universidad o en el marco de su actividad docente o de investigación".
Y se incluye que "de haber realizado cursos, se solicita una lista con nombre del curso, Facultad, año y cantidad de horas".
En enero del 2023, la académica se negó a entregar la información solicitada por vía legal.
A esto se le sumó la presión de diputados de Renovación Nacional, quienes oficiaron a la Contraloría General de la República para que determine la naturaleza jurídica del permiso sabático.
En ese entonces, la máxima autoridad de la Universidad, el rector Rodrigo Vidal, aseguró que estaba todo en orden y en un comunicado se remarcó que este permiso fue normado el 13 de mayo de 1998, y que el artículo 1º establece que la autorización "se otorgará para realizar actividades de investigación, docencia o perfeccionamiento académico o profesional u otras que la Universidad estime pertinente".
"la Dra. Loncon se acogió a este decreto, cumpliendo todas las etapas establecidas en el mismo, y se encuentra cumpliendo las actividades comprometidas en su permiso sabático, de acuerdo a todas las exigencias establecidas por esta Universidad", sentenció en diciembre Vidal.
En abril, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado por el medio de comunicación para que se haga entrega de la información.
Decisión que fue firmada por dos miembros del Consejo: Francisco Leturia Infante y Natalia González Bañados, a pesar de que la Ley de Transparencia señala que "el Consejo Directivo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros y, en caso de empate, resolverá su Presidente. El quórum mínimo para sesionar será de tres consejeros". Cabe destacar que el tercer consejero se había inhabilitado.
Posteriormente, la Usach presentó un reclamo de ilegalidad contra el organismo.Y esta semana, desde la casa de estudios, argumentaron que durante este proceso se ha realizado un cuestionamiento público y discriminatorio, poniendo en duda la calidad e idoneidad académica de Loncon.
Por su parte, la exconvencial - quien agradeció el respaldo de la Usach - sostuvo que "lamento ser yo la persona que han perseguido, muchas personas han tenido sabático pero hay una que lleva los apellidos Loncon Antileo y me han expuesto al escarnio público, ¿Será por mi apellido? ¿Por qué a mí?".
A pesar de la defensa de la académica, El equipo El Polígrafo insiste en tres claves para que se entregue la información.
En primer lugar, explican que no se solicitaron los títulos de Elisa Loncon, sino los antecedentes académicos que motivaron su sabático. En esa línea, se requiere conocer las clases efectuadas en pregrado y posgrado, así como papers y publicaciones en los últimos cinco años.
Además, acusan que la información sobre sus clases en los últimos cinco años no está disponible en la página web de la universidad, por lo que no es posible corroborar si hizo clases en el período consultado ni la cantidad de horas.
Finalmente, los papers e investigaciones tampoco están actualizados en la página web de la Universidad.
En esa línea, declaran que a raíz de la falta de información pública, es que se tomó la decisión de realizar la petición a través de una solicitud por Transparencia.
Ante este escenario, el presidente del Consejo para la Transparencia , Francisco Javier Leturia, tras la declaración de la académica, señaló que "nosotros no vamos a polemizar por la prensa, los descargos los vamos a hacer ante la Corte, pero somos un órgano garante de derechos y nuestra obligación es cumplir la ley y hacer cumplir la ley".
Y añadió que "acá el tema de fondo no es un tema procesal, es saber si la Usach va a entregar o no una información que por ley es pública, y que ellos mismos nunca han negado que sea información pública".
