"Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas", dijo anoche la ministra del Interior, Izkia Siches, al anunciar la decisión del Gobierno de decretar un nuevo estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío.
La determinación llegó luego de casi dos semanas de debate entre el Ejecutivo y el oficialismo sobre qué herramienta legal utilizarían para intentar controlar la crisis de seguridad que afecta a esa zona, desechando de ese modo el envío de una reforma que crearía un nuevo estado de excepción "intermedio".
Con la aplicación de la medida, y de acuerdo al decreto firmado por el
Presidente Gabriel Boric y la ministra Siches y su par de Defensa,
Maya Fernández, respectivamente, las fuerzas armadas podrán colaborar en el control del orden público, pero solo en el resguardo de las carreteras que sean determinadas por la autoridades.
Asimismo, el jefe de zona militar podrá "autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar porque tales reuniones no alteren el orden interno" y "controlar la entrada y salida de las zonas declaradas en estado de emergencia y el tránsito en ella", entre otras facultades.
La resolución del jefe de Estado llamó la atención no solo por las dudas que generaba al interior de las dos coaliciones que sustentan su administración, sino que también por la diferencia de criterio que evidenció con los convencionales de su sector, que propiciaron la eliminación de esa herramienta legal en el borrador que redacta la Convención.
El lunes pasado, el pleno votó el último informe de la Comisión de Sistema Político, en el cual se establecieron tres estados de excepción: El de asamblea en caso de conflicto armado internacional; el de sitio, en caso de conflicto armado interno; y el de catástrofe, en caso de calamidad pública.
En el debate, desde la oposición acusaron que con ello se "debilitaron los estados de excepción constitucional que han permitido la colaboración de las FF.AA. en la macrozona sur o en el norte del país", apuntando a una contradicción entre la postura de los convencionales de izquierda y la de La Moneda.
"Todos los demás roles que puede llevar adelante a un Presidente a convocar a un estado de excepción, hoy quedan limitados. Y la misma coalición de Gobierno, por un lado, pretende incorporar a los militares en asuntos internos y, por otra parte, los excluye aduciendo lógicas de Guerra Fría", dijo Cristián Monckeberg (RN).
Sin embargo, desde el Frente Amplio y el Colectivo Socialista defendieron la medida. El constituyente Ricardo Montero (PS), explicó que "la norma tiene que ser la normalidad constitucional y no podemos acostumbrarnos a que todo es excepción constitucional. Desde 1990 a 2010 no hubo estado de excepción constitucional".
Al igual que como ocurre hoy, en la propuesta de nueva Constitución hay un artículo que señala que al momento de declarar un estado de excepción, los decretos tendrán que estar fundados y especificar los derechos, libertades y garantías que van a ser suspendidos, así como su extensión territorial y temporal.
