La frase "única solución, ecoconstitución" se reitera una y otra vez al interior de la Convención Constitucional. Quienes la impulsan son un grupo de 36 convencionales de distintos colectivos políticos —principalmente de izquierda—, que se hacen llamar ecoconstituyentes.
Pero aunque han adquirido alta notoriedad por sus intervenciones en el pleno y en las comisiones, no son los únicos con un proyecto para que la nueva Constitución se haga cargo del cuidado del medio ambiente y estimule la creación de políticas públicas que hagan frente a la crisis climática.
En septiembre nació "
La libre y sustentable República de Chile", una iniciativa impulsada por la convencional y exministra de Medio Ambiente Marcela Cubillos (ind. en cupo UDI), con el apoyo de los constituyentes Harry Jürgensen y Patricia Labra de RN; Felipe Mena y Martín Arrau, de la UDI, y los independientes electos en el pacto Vamos por Chile Ricardo Neumann, Teresa Marinovic, Alfredo Moreno y Ruth Hurtado, entre otros.
Esta última iniciativa ha reunido más de 15.600 firmas de apoyo en la plataforma change.org, por lo que los convencionales que la promueven aseguran que a través de iniciativas populares —requieren 15 mil firmas en una plataforma que todavía no está disponible— conseguirán que esas ideas se discutan y voten en la Convención.
Sujeto de derechos
Una de las principales discrepancias entre ambas iniciativas es la titularidad de derechos. En el caso de los ecoconstituyentes, el convencional y coordinador de la comisión de Medio ambiente, Juan José Martin (INN), explica que buscarán establecer principios ambientales y los derechos de la naturaleza, para así "reconocer que hay otra titularidad de derechos más allá de los seres humanos y que es la naturaleza".
Pero desde "La libre y sustentable República de Chile" afirman que el ser humano debe ser el centro de la preocupación ambiental, amparándose en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que estableció como su primer principio que "los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza", y en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la Asamblea General de Naciones Unidas el año 1986, que en su artículo 2.1 establece que "la persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo".
Modelo económico
Otra diferencia importante entre ambas miradas es cómo abordar el desarrollo y modelo económico del país. Los ecoconstituyentes han reiterado en varias oportunidades que es necesario terminar con el modelo extractivista de Chile, que entienden como "la generación de capital en base a la destrucción de ecosistemas y comunidades", según Martin, y pasar a un desarrollo económico que tenga un estándar por sobre los derechos humanos y de la naturaleza.
Por su parte, los convencionales de "La libre y sustentable República de Chile”"plantean un desarrollo sustentable. Respaldados en el artículo 1° de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1986, que dice que "las personas tienen un derecho humano inalienable al desarrollo".
"Creemos que el desarrollo es un proceso orientado a la mejoría de la calidad de vida de las personas y de la comunidad, pero que ello no puede ser realizado a cualquier costo, sino que es necesaria la sustentabilidad, propendiendo a que el desarrollo sea económica, social y ambientalmente integrado; y por lo tanto, sea capaz de sostenerse en el tiempo", plantea Cubillos.
Zonas de sacrificio
Donde sí coinciden ambas miradas es en la necesidad de terminar con las zonas de sacrificio en el país.
Así se lee en los ejes de "La libre y sustentable República de Chile", donde explicitan que buscan "terminar con las zonas de sacrificio poniendo el eje en la justicia ambiental". Al respecto, Cubillos señala que "no pueden seguir existiendo ciudades que carguen desproporcionadamente con los efectos ambientales de actividades productivas que benefician al país entero. Para ello es esencial la evaluación de riesgos ambientales y de salud de los habitantes en zonas industriales. Chile tiene una deficiente gestión ambiental pública. Se requiere fiscalización ambiental robusta y regional".
En relación con el punto, desde los ecoconstituyentes, la convencional y coordinadora de la comisión de Sistemas de conocimientos, Cristina Dorador (Movimientos Sociales), señala que se deberá abordar la justicia medioambiental y la descentralización que "es clave para tener una mejor gestión y mejores decisiones respecto a los territorios y a los quehaceres económicos que tienen consecuencias ambientales". Añade que se debe considerar el principio socioecológico, es decir, "el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado" e incorporar el "principio precautorio".
Innovación
Frente a todo lo anterior, en ambas corrientes creen que se deben impulsan ideas innovadoras.
La ecoconstituyente Dorador asegura que en la actualidad, "la economía está vinculada a la extracción de recursos naturales, entonces también es una tremenda oportunidad de repensar nuestras prácticas y de crear. Para eso los conocimientos son fundamentales".
Mientras, en "La libre y sustentable República de Chile" proponen que "la lucha contra el cambio climático y la promoción de la economía circular sean un ‘objetivo país’ consagrado en la Constitución", promocionar, por ejemplo, "el ecodiseño, es decir, planear productos desde su concepción con los ojos puestos en el reciclaje y/o reutilización", y que "la electromovilidad, energías renovables, aislación de viviendas, gestión adecuada de áreas protegidas invadan nuestro debate público".
Una prioridad
El cuidado del medio ambiente se ha transformado en una de las prioridades para la Convención. No solo existe una comisión temática ad hoc —sobre Medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes naturales comunes y modelo económico—, también la Convención votó y se declaró en estado de emergencia climática y ecológica en octubre, y la mayoría de los convencionales tiene ideas de propuestas al respecto.
Por ejemplo, representantes de los pueblos originarios como Wilfredo Bacián (quechua) e Isabel Godoy (colla) han hecho hincapié en el respeto a la tierra y libre acceso a los bienes naturales.
Hernán Larraín (Independientes RN-Evópoli) plantea que, en base a la propuesta "Por una Constitución sustentable" del centro de pensamiento Horizontal, su idea es conciliar tres objetivos: "proteger el medio ambiente, dar respuesta a la emergencia climática y dar desarrollo económico en un contexto de sustentabilidad", y que Chile tiene "responsabilidad global en materia de emergencia climática (...). Nosotros tenemos recursos que van a ser fundamentales para el cambio en la matriz y para avanzar hacia la electromovilidad".
