En absoluta reserva se tramita la causa donde se investiga la posible malversación de caudales públicos, lavado de activos y otros delitos que se habrían cometido durante la administración del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.
La indagatoria suma antecedentes sobre las supuestas irregularidades en las subvenciones asignadas a los programas "Vita", iniciativas externas a la municipalidad cuyo fin era entregar servicios a los vecinos en varios ámbitos. Actualmente, el foco de las diligencias está puesto Domingo Prieto Urrejola, ex presidente y ex representante legal del consejo local de Deportes de Vitacura, de Vita Salud y de Vita Deportes.
Por ello, el Ministerio Público solicitó la
retención de los dineros en las cuentas bancarias a nombre de Prieto, lo que fue autorizado el 9 de septiembre por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
Así lo confirmaron quienes conocen los detalles de la investigación y comentan, además, que la defensa de Prieto pidió conocer los motivos por los que el tribunal decretó la medida, aunque sin éxito. La jueza Carolina Araya decidió mantener la reserva de la indagatoria que ahora está en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, luego del traslado de la causa, el 1 de septiembre, desde la jurisdicción metropolitana Oriente.
Según los antecedentes que se han recopilado en el caso, Prieto pudo tener participación en la entrega de sobres con dinero en efectivo a su sobrina, Antonia Larraín, según la declaración de ella, y que luego habrían llegado al ex alcalde Torrealba.
Hechos que habrían comprometido "al erario comunal y la probidad pública, al menos
entre mediados de 2014 y hasta junio del presente año", según una resolución del fiscal nacional, Jorge Abbott, en la que decidió el traslado de la investigación. En el mismo documento confirma que la causa no solo apunta al delito de malversación de fondos públicos, sino que también a "la falsificación de instrumentos públicos, cohecho y lavado de activos".
Cuenta corriente en BICE
La defensa de Prieto, a cargo del abogado Ignacio Schwerter Eckholt, con un escrito solicitó al 4° Juzgado de Garantía conocer los detalles del sustento para retener los dineros de la cuenta corriente de su representado en el Banco BICE.
"Con respeto digo, con fecha 9 de septiembre del año 2021 mi representado tomó conocimiento del embargo/retención de dineros existentes en su cuenta corriente personal del Banco BICE, en virtud de una resolución dictada por el Tribunal de US. Por lo anterior, pido se me otorgue copia de la solicitud efectuada al efecto por el ente persecutor y la resolución sobre ella recaída", señala el documento.
Junto con requerir "se libere la reserva de la tramitación judicial de la presente causa, para que el suscrito pueda visualizarla a través su sesión en el Poder Judicial".
"No va a hacer lugar a la petición"
Es en ese marco que en una audiencia realizada a las 13:19 horas del martes 21 de septiembre, que la jueza Carolina Araya escuchó los argumentos del fiscal a cargo del caso Francisco Jacir, del querellante Julián López —abogado que representa a la Municipalidad de Vitacura— y de Ignacio Schwerter.
En esa instancia, resolvió que "atendido lo expuesto por los intervinientes, por dos razones en esta oportunidad no va hacer lugar a la petición de la defensa, por la reserva que se ha decretado en la investigación, que está vigente el plazo, está dentro de las facultades legales y porque la resolución del tribunal lo dispone de igual manera. Se adoptaron las medidas necesarias a fin de que no fueran visibles en el portal del Poder Judicial la resolución del 3 de septiembre del 2021, lo que es concordante con la necesidad que tiene el Ministerio Público de mantener reservada la causa por ahora".
