SANTIAGO.- En su objetivo de anticiparse a posibles escenarios complejos que puedan estar enfrentando las universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), la Superintendencia de Educación Superior (SES) realizó durante el año 2020 un total de 1.209 acciones de supervigilancia y fiscalización, para velar por el estricto cumplimiento de la ley por parte de las instituciones y porque éstas sean financieramente sustentables.
Según los detalles de la cuenta pública de la SES, la entidad requirió a todas las instituciones de educación superior su información financiera y contractual, incluyendo sus estados financieros auditados, donaciones asociadas a exención tributaria, y operaciones celebradas con personas relacionadas, entre otras. Tras procesar esos datos, y considerando además las denuncias y reclamos presentados por las comunidades educativas y la ocurrencia de hechos de connotación pública, ejerció 444 acciones de fiscalización a 98 casas de estudios.
10 sancionesaplicó la Superintendencia en su segundo año de funcionamiento
Una de las áreas que priorizó fue la situación financiera de las instituciones. En ese sentido, clasificó a todas las instituciones en función de sus niveles de riesgo. Como resultado de ese análisis, focalizó la fiscalización en 46 instituciones, concluyendo que se encontraban en alguna categoría de riesgo financiero, por lo que a 42 se les solicitaron antecedentes económicos y estratégicos.
Finalmente, a 38 se les realizaron recomendaciones financieras en virtud de los hallazgos, y en el caso de cuatro instituciones se desarrollaron procesos de investigación formales por esas materias.
Entre estas cuatro se encuentra la Universidad La República, en que la Superintendencia rechazó el plan de recuperación y recomendó su cierre; la Universidad Pedro de Valdivia, a la que se le pidió un plan de recuperación, el cual fue aceptado y se encuentra en ejecución; además de la U. de Aconcagua y la U. Gabriela Mistral, que se fusionaron con otras instituciones.
Además del aspecto financiero, la Superintendencia también indagó si los planteles cumplían la normativa vigente, fiscalizando temas como incumplimientos en los contratos de prestación de servicios educacionales, problemas de convivencia interna, publicidad engañosa y retención de documentación por existencia de deudas, ente otras. En ese tema, la SES fiscalizó a 79 instituciones durante el año.
Otra línea de fiscalización fue si las casas de estudios continuaban prestando los servicios educativos en condiciones equivalentes a las contratadas inicialmente por los estudiantes, pese al contexto de la pandemia. Aquí se analizaron 45 instituciones de educación superior –15 universidades, 15 IP y 15 CFT– en las áreas de gestión curricular, de la docencia, y gestión y acompañamiento estudiantil, determinándose que un 77,8% de las instituciones fiscalizadas logró acreditar el cumplimiento del mínimo establecido por la Superintendencia, mientras que el 22,2% no fue capaz de cumplir el mínimo establecido, aunque su incidencia en la matrícula total fue muy acotada, alcanzando solo un 1,3%.
Producto de las distintas acciones de fiscalización, durante 2020 la Superintendencia instruyó 22 procesos administrativos –al constatarse una o más contravenciones a las normas–, aplicando dos medidas de planes de recuperación (a la U. La República y U. Pedro de Valdivia), cinco multas (al CFT de la Región de Los Lagos, CFT Canon, CFT CEITEC, CFT ICCE y CFT Prodata) y tres amonestaciones por escrito (IP Chileno Británico de Cultura, IP Escuela Marina Mercante Piloto Pardo y CFT Estudio Profesor Valero).
Efecto pandemia: Aumentan los reclamos por temas académicos
La entidad informó además que, producto de la situación sanitaria, hubo "incrementos sustantivos" en el número de reclamos recibidos, lo que obligó a redoblar esfuerzos para su oportuna gestión y resolución. Aquí resultó fundamental la automatización de esos procesos por medio del "Sistema de Gestión de Reclamos y Denuncias", que facilitó la interacción entre las comunidades educativas, las instituciones y la Superintendencia.
El 58%de las denuncias de 2020 tuvo solución favorable para el reclamante
Durante 2020 se tramitaron 4.148 casos, equivalentes a 346 reclamos o denuncias mensuales, el doble de los 167 casos mensuales que se gestionaron en 2019. Un 92,5% de los casos presentados por parte de la ciudadanía tuvo resolución dentro del mismo período; y de los declarados admisibles y ya cerrados, un 58% terminó con una solución favorable para el reclamante.
Si se analiza por tipo de institución, son las universidades las que concentraron mayoritariamente los reclamos, con un 50,8% del total; luego los IP, con un 41,3%; y los CFT con un 7,6%. Mientras que las instituciones pertenecientes a las fuerzas armadas y de orden concentraron el 0,3%. Al revisar la distribución geográfica de los reclamos y denuncias, la Región Metropolitana es la que concentra la mayor parte, con un 66,6%. Le siguen la Región de Valparaíso, con un 9,8%; la Región del Biobío, con 4,9%; y la Región del Maule, con un 3,2%.
En cuanto a las principales temáticas de los reclamos y denuncias, se observa un cambio en relación con lo registrado el año anterior. Es así como el 42,6% de los reclamos obedeció a materias académicas, cifra muy superior al 25,2% del año anterior, lo que es explicable por la situación de emergencia sanitaria, que obligó a muchas instituciones a modificar la forma en la que entregaban el servicio educativo a sus estudiantes. Luego las temáticas de financiamiento (25,9%) y los casos administrativos (22,7%).
Junto con fiscalizar, la entidad avanzó en dictar normas de carácter general para regular distintas materias relevantes en el sistema de educación superior. Una de éstas fue la "Norma de Carácter General N°1", que reguló la forma, medios, plazos y procedimientos que la Superintendencia para que las instituciones cumplan con la obligación de entregar la información que la ley les ordena. También, elaboró, en conjunto con la Contraloría General de la República, la "Norma Contable de revisión financiera para instituciones de educación superior del Estado", que ya inició su implementación y a partir de 2023 será exigible a todos los planteles académicos del Estado.
En tanto, para incrementar los niveles de transparencia del sistema de educación superior, la Superintendencia ha dispuesto distinta información en su sitio web. Así, se confeccionaron fichas técnicas con información detallada de cada una de las casas de estudios del país, transformándose en una herramienta de gran interés para los postulantes a la educación terciaria; se publicaron los Estados Financieros anuales auditados por las instituciones; y se implementó el Primer Registro Público de Sanciones y Medidas aplicadas a instituciones de educación superior, el cual ha permitido a la ciudadanía conocer cuáles universidades, IP y CFT han sido sancionados producto de la acción de la Superintendencia y los antecedentes que han servido de fundamento para sustentar las medidas, multas y amonestaciones que han sido aplicadas.
