"El 15 de noviembre logramos dialogar y ponernos de acuerdo en el primer paso para sacar al país de la crisis. Mi candidatura busca contribuir, desde una centroderecha con profunda vocación social, a producir una conducción responsable del proceso político que se abrió aquel día".
Dichas palabras son parte de un mensaje inicial contenido en el programa de gobierno del presidenciable de RN y el PRI, Mario Desbordes, y donde entrega una serie de propuestas tendientes a sentar las bases de la llamada derecha social que promueve.
El documento de 40 páginas a las que tuvo acceso Emol, fue presentado por el abanderado a raíz de la inscripción ayer de su candidatura a las primarias presidenciales de Chile Vamos. Desde su equipo señalan que es el fruto de un trabajo que se inició en diciembre de 2014 con el cambio de la declaración de principios de RN, ocasión en que quedó sentado un cambio ideológico en la derecha chilena, a lo que se suman soluciones a otras problemáticas actuales. Han contribuido también a su desarrollo, el filósofo Hugo Herrera, el Instituto Libertad y el economista Germán Vera, entre otros.
El texto plantea el concepto de "Republicanismo Popular", así se explica que "los principios de la realización institucional del pueblo en su territorio, para pueblos educados en contextos libres y democráticos, son las bases de una postura a la que cabe llamar republicanismo popular y que viene a coincidir con una centroderecha con vocación social".
Regionalismo político
En este ámbito, destacan propuestas como la de impulsar una política nacional indígena con el fin de promover la diversidad, la integración y la coexistencia respetuosa. Asimismo, se plantea el establecimiento de una política nacional del agua, orientada a resguardar la seguridad hídrica del país, garantizando el consumo humano y favoreciendo un desarrollo sostenible de la agricultura y la minería.
Sumado a la instauración de una política nacional de desarrollo urbano que vele por la calidad de los proyectos de vivienda social y clase media, para que no sigamos construyendo urbanizaciones con malos accesos, falta de servicios y áreas comunes.
Solidaridad nacional
Además, se propone un programa para enfrentar el déficit habitacional, "destinando más recursos a la compra de terrenos, la reasignación de terrenos fiscales, y la construcción de viviendas, disminuyendo procesos burocráticos, y garantizando viviendas dignas, con integración social".
También destaca en este eje, la idea de una reforma integral al sistema de salud, la cual incluye "la creación de un plan universal de atención equitativo y solidario en su financiamiento, que permita dar mayores coberturas; el fortalecimiento de la red de atención primaria; la dotación de suficientes especialistas; la cobertura de la salud mental; el establecimiento de un seguro de medicamentos; la reducción de los aranceles de importación de insumos y principios activos; la generación de incentivos para contar con más medicamentos genéricos y bio-equivalentes. Incrementaremos, además, los esfuerzos y recursos para avanzar con cirugías y procedimientos que permitan asumir los retrasos a causa de la pandemia".
Para fortalecer los derechos de las mujeres, se creará "una Defensoría Pública de la Mujer; la exigencia de un gabinete ministerial paritario; la ampliación de la ley de cuotas de candidatas para las elecciones de concejales y consejeros regionales, con un piso mínimo de 40%, incluyendo el reembolso extra que hoy tienen las candidatas a parlamentarias".
En línea con el mejoramiento de la seguridad y combate a la delincuencia, se plantea "la reforma a las instituciones policiales, especialmente Carabineros. Valorando la trayectoria de esta institución es necesario apoyarla decisivamente para que logre incrementar sus niveles de legitimidad y sus capacidades de producción de confianza ciudadana".
"A lo anterior se agrega la incorporación, en la ley de municipalidades, de policías municipales, como iniciativa voluntaria de los municipios, incluyendo, en su caso, el respectivo traspaso de funciones de Carabineros a las policías municipales, como las relativas a la ley de tránsito, de tal suerte que Carabineros destine funcionarios y recursos a las materias indelegables de su función. Se ha de perfeccionar, asimismo, el marco regulatorio de las actividades de la seguridad privada", sostiene. Sumado a la modernización de las Fuerzas Armadas.
Republicanismo colaborativo
En este punto se plantea la creación de una agencia de evaluación de políticas públicas y ampliación de las evaluaciones a los programas sociales y no sociales del Estado. Y la creación del ombudsman, con las capacidades y autonomía para defender a las personas frente a vulneraciones a sus derechos por parte del propio Estado y sus organismos.
Además, se propone la "elevación de niveles del sistema escolar entendiendo que estamos en presencia de un cambio relevante de la política pública en la materia, la Nueva Educación Pública, proceso en marcha, debe ser implementado en términos que dé respuesta a la gran demanda de calidad en la educación, la cual pasa por infraestructura adecuada, docentes capacitados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, auxiliares de la educación que den el soporte adecuado para el desarrollo de la actividad y por cierto, el compromiso invaluable de las familias en el futuro de sus hijos".
Programa económico-social
En este apartado destaca la premisa de "revisar el CAE, para enfatizar aquellas características que lo hacen más parecido a un impuesto que a un crédito (que sea efectivamente contingente al ingreso tributable, y revisar su límite). Al mismo tiempo debemos revisar su condonación para quienes se encuentran endeudados y podrían haber accedido a la gratuidad. Lo mismo que los intereses y multas, para quienes se encuentran en esta misma situación, pero que no podrían haber accedido a la gratuidad".
De esta forma, se agrega que "modificaremos su administración para que sea más asimilable a un tributo y así afecte menos la capacidad de endeudamiento de la población. Finalmente, en el caso de la educación técnica, estableceremos las instancias para poder vincularla realmente con el proceso productivo".
Junto con poner énfasis en el crecimiento económico, el programa apunta a "aumentar el capital humano de los trabajadores (entendido como aquella capacidad que los hace ser más productivos en igualdad de provisión de capital físico y de horas trabajadas)".
Reforma al sistema de pensiones
Junto con plantear una reforma al sistema de pensiones, el documento alude a que "la capitalización individual es la única solución financieramente viable en un contexto de envejecimiento del país. Por lo mismo se debe considerar una reformulación del sistema en el que se separen las funciones de captación y administración de los clientes con la decisión de inversión de los fondos: de este modo se alinearán los incentivos comerciales, por un lado, y los incentivos de buena práctica de inversiones, por el otro. Finalmente, se debe cambiar el mecanismo de financiamiento de los fondos, en vez de prepagar la administración de los fondos previsionales, debemos ir migrando hacia un pago por saldos ahorrados".
"Hay llamados a crear algún tipo de Ingreso Básico Universal: creemos que debe estudiarse la factibilidad de una pensión básica universal para la vejez, condicionada con criterios de residencia en el país y compensable a través del impuesto a las herencias en el caso de las personas de alto patrimonio", se agrega.
Reformas tributarias
Aquí resaltan las propuestas sobre ampliar la base tributaria con una adecuada revisión de las exenciones, y por otra, bajar el IVA de modo general.
"Por lo mismo, pensamos que hay exenciones que deben ser revisadas, como el crédito fiscal al IVA para la construcción, o la restitución del impuesto de ganancias de capital. Por otro lado, hay exenciones, como la de los fondos de inversión, que son necesarias para que persistan vehículos de ahorro e inversión que beneficien a la gran mayoría de los chilenos: esto debe ir acompañado, nuevamente de un tratamiento tributario que evite los resquicios de elusión. Finalmente, hay exenciones que afectan a un gran número de chilenos: es posible plantear su eliminación de forma gradual, de modo de no afectar el quehacer diario de ellos, y en una forma en que se puedan prever y tratar los efectos adversos que la remoción de estas exenciones traiga", se argumenta.
Mientras que en el caso de la revisión del IVA, se acota que "entendemos que es posible reducirlo. La reducción debe ser precedida de mecanismos de información y anclaje de los precios antes de IVA, para maximizar la transmisión de la rebaja a los consumidores finales".
