"El 18 de octubre me desempeñaba como director nacional de Orden y Seguridad. Desde el 20 de noviembre de 2020 asumo, tras la renuncia del general Rozas, como general director de Carabineros", dijo al inicio de su declaración de ayer ante el Ministerio Público la máxima autoridad de la policía uniformada Ricardo Yáñez.
Llegó a las diez de la mañana a las oficinas de la fiscalía regional de Valparaíso y entregó su versión sobre los procedimientos de Carabineros durante la crisis social en 2019 y 2020, en la investigación donde la fiscal Claudia Perivancich busca determinar si hubo o no delitos de lesa humanidad.
Según el registro del interrogatorio, el general detalló las actuaciones a nivel operativo y las primeras reacciones tras el estallido: "Evidentemente se reunió el alto mando. El general director (Mario Rozas) convocó a la plana mayor, como instancia asesora. Sesionábamos a diario los primeros días del estallido social, luego se fueron espaciando en el tiempo las convocatorias".
Informe de procedimientos a Interior
Y abordó parte del fondo de la investigación. "Respecto del fenómeno de los lesionados oculares, que se fue conociendo con el transcurso de los días de contingencia, el general director fue evaluando la situación hasta que se acotó el uso de la escopeta antidisturbios solo a nivel 5 (amenaza que pone en riego la vida). También se fueron disponiendo cursos de acción concretos, por ejemplo, que respecto de cada funcionario que usaba una escopeta antidisturbios debía registrarse de cargo personal el arma y también el uso obligatorio de una cámara personal que debían portar en el ejercicio de sus funciones".
Aseguró además que informaban al Ministerio del Interior "cada vez que se hiciera uso de la escopeta".
Dice que reportaba a Mario Rozas
"Con mi general Rozas mantuve coordinación diaria y permanente (en esa época Yáñez se desempeñaba como director nacional de Orden y Seguridad) para mantenerlo informado acerca de la contingencia y de las novedades diarias en materia de seguridad pública. Lo anterior ante las eventuales consultas del Presidente de la República o ministro del interior", dijo sobre la coordinación con el ex general director.
Escopeta: “No es un arma de precisión"
Yáñez respondió por uno de los procedimientos más cuestionados en la crisis social: el uso de la escopeta antidisturbios. Dijo que existía una capacitación de los funcionarios con certificación.
Sin embargo reconoce las debilidades del arma: "Respecto a la dinámica del disparo, sin ser experto, puedo señalar que no es un arma de precisión. La escopeta usa un cañón no estriado. Es un arma defensiva. Al disparar la munición sus postas se dispersan. A mayor distancia de disparo, la dispersión es mayor. No es posible, por tanto, para el disparador, controlar el disparo, a menos que se actúe conforme a protocolo". Advirtió que el disparador tiene la obligación de orientar el tiro al tercio medio inferior del cuerpo, pero explicó: "Respecto a su consulta , de cómo se puede exigir orientar el disparo si no es posible controlarlo, habría que preguntarle a un experto".
Sobre la composición de las municiones, hace referencia a un estudio de la Universidad de Chile y el alto contenido de plomo. "Sé que el informe de Labocar arribó a conclusiones distintas, aseverando que a pesar de tener trazos de plomo su composición mayoritaria es caucho".
Cuestionamiento a químicos: "No es nocivo"
La calidad de imputado en la causa del general director de Carabineros se la da una querella del abogado Carlos Margotta, que acusó quemaduras con químicos de carros disuasivos.
Yáñez explicó el punto ante la fiscalía: "Yo tomé conocimiento a través de los medios de comunicación que personas denunciaban haber sido lesionadas con quemaduras por acción del carro lanza agua". Y detalló que el vehículo tiene capacidad de 6 mil litros y un compartimiento para el gas lacrimógeno. Dijo que la decisión de mezclarlos es del jefe del dispositivo en concentración de 0,1 de CS por mil litros "pudiendo llegar a nivel 5 aunque de acuerdo a certificación del proveedor no es nocivo".
Y aclaró que hay en curso investigaciones y sumarios. "No descarto que algunas de esas lesiones se hayan producido por personas particularmente sensibles de piel", dice.
Luego Perivancich entró al eje de su investigación. "¿Existió a su juicio, en algún eslabón de la cadena de mando de Carabineros, una orden a partir de la cual desplegar una política de ataque sistemático a la población civil involucrada en las manifestaciones que surgieron a partir del estallido social?", preguntó la persecutora.
Y Yáñez respondió: "Lo descarto absolutamente. La mejor demostración de ello es que no haya existido ninguna persona fallecida por el actuar de carabineros. Muy por el contrario, las más de ocho instrucciones que impartí, fueron en el sentido contrario, esto es cumplir con los protocolos establecidos, desplegar controles de línea, respetar integridad de detenidos y esto aún en situaciones de agresiones a carabineros, o en que se hayan visto sobrepasados, por mucho que se haya tenido el interés por recuperar el orden público".
En esa línea, detalló algunas cifras de la crisis social. "(Hubo) 19.284 eventos graves entre octubre de 2019 y marzo de 2020; 29.660 detenidos, 544 ataques a cuarteles policiales, concentrados en 13 cuarteles atacados 224 veces", acotó.
