"Es vana la pretensión de que el sistema de justicia penal resolverá el fondo de un conflicto que es de naturaleza social y política. No es serio endosar a la fiscalía o a las policías la resolución de un problema que se arrastra por décadas, que tiene connotaciones políticas, económicas sociales y culturales en la relación que ha construido el Estado de Chile con el Pueblo mapuche".
De esta forma abordó hoy el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, los resultados de la gestión realizada por el ente persecutor entorno a la violencia rural durante el último año.
Pese a la pandemia, detalló el persecutor en la Cuenta Pública, en 2020 se registraron 122 hechos de alta connotación; 50 más que el año 2019 (72), lo que representa un incremento de un 69%. El 75% de estos episodios ocurrieron en la provincia de Malleco.
Se detectaron alzas en atentados incendiarios en la Ruta 5 Sur; en ataques a unidades policiales, principalmente Comisaria de Collipulli y Subcomisaria de Ercilla, y de casos con uso de armamento de alto calibre.
"Lo más preocupante es el costo en vidas que tuvo esta violencia. Los homicidios de cuatro personas durante 2020 y de otras dos en los primeros días de 2021. Dos de las víctimas eran policías que fueron abatidos mientras cumplían con su deber", señaló Paredes aludiendo al cabo de Carabineros, Eugenio Naín, quien murió el 30 de octubre en Padre Las Casas, y al inspector de la PDI, Luis Morales, asesinado el 7 de enero.
"Es fundamental detenernos a reflexionar en torno a esto, No se trata de una cifra más (…) no corresponden a meros episodios estadísticos, ni a una lamentable anécdota que pronto cae en el olvido o es opacada por otras noticias, que generalmente provienen del centralismo que nos agobia como país. No podemos normalizar el homicidio de seis personas en un lapso de un año", agregó Paredes.
En esa línea, el regional se refirió a los cuestionamientos realizados a los operativos, afirmando que "no es entendible tampoco que estos hechos pretendan ser legitimados por algunos sectores como expresión de un conflicto social y que un operativo como el desarrollado por la PDI en Temucuicui trate de ser minimizado en su relevancia o se ponga en duda, enmascarando la actividad delictual de algunos, en demandas territoriales".
"No resulta serio ni responsable que se tejan teorías conspirativas apresurada y livianamente. Lo que ocurre en la región es grave, qué duda cabe, y cada órgano del Estado debe efectuar su rol conforme a Derecho. Por nuestra parte, todos estos hechos generan investigaciones que son llevadas adelante por la Fiscalía de Alta Complejidad y equipos especializados tanto de Carabineros como de la PDI", acotó.
El año pasado se materializó la condena de 44 imputados por delitos vinculados a violencia rural; siete de ellos por delitos graves como incendio, robo calificado o robo con violencia.
"No resulta serio ni responsable que se tejan teorías conspirativas apresurada y livianamente. Lo que ocurre en la región es grave, qué duda cabe, y cada órgano del Estado debe efectuar su rol conforme a Derecho".
Fiscal regional Cristián Paredes.
Paredes destacó la sentencia a penas que suman más de 15 años de cárcel dictada contra Daniel Canío por el ataque al fundo Oyama de Lautaro, fallo que en abril de 2020 fue ratificado por la Corte Suprema. También la de ocho años de presidio contra Juan Calbucoy por robo con violencia, receptación de vehículo motorizado y tenencia de municiones.
En el periodo se obtuvo la prisión preventiva de 35 personas -21 de ellas por hechos ocurridos en el año 2020- en casos de violencia rural que van a ser llevados a juicio en el trascurso de este año.
Actualmente se encuentran vigentes 391 tipos de medidas de protección; 84 de ellas de intensidad alta, referentes a punto fijo de Carabineros.
Tráfico de drogas asociado a violencia rural
El fiscal cerró mencionando los resultados respecto los delitos comunes asociados a la violencia rural. El 2020 fue el año en que los esfuerzos se enfocaron en el cultivo y tráfico de marihuana en sectores rurales de la comuna de Ercilla.
$2 milMillones es el avalúo de la droga incautada en las indagatorias ligadas a violencia rural.
"Si bien el procedimiento de entrada y registro realizado el pasado 7 de enero en Temucuicui es el que ha tenido mayor repercusión, en el periodo se materializaron otras ocho diligencias en distintos sectores y comunidades de Ercilla, uno de ellos en la misma Temucuicui", detalló.
Aquel trabajo implicó la detención de 24 personas y la incautación de 2.686 plantas de marihuana, además de 62 kilos de la droga seca y procesada y casi $28 millones. Las sustancias decomisadas implicaban una ganancia comercial por sobre los $2 mil millones.
