En total fueron 62 las personas detenidas por Carabineros la tarde del martes en el contexto de los desórdenes que se registraban para ese entonces en el perímetro cercano a Plaza Baquedano.
Las capturas fueron comunicadas por Carabineros y el ministerio del Interior durante el día de ayer. La policía confirmó la aplicación de una estrategia basada en arrinconar a los presentes, a la cual adjudican directamente la captura de 29 personas en el sector de Ramón Corvalán.
Sin embargo, lo discutido y resuelto ya en el Centro de Justicia de Santiago reveló roces entre la postura del Ejecutivo y la del Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y Poder Judicial.
De los 62 aprehendidos, 44 pasaron a control de detención por el delito de desórdenes públicos ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Ello, ya que no se contaba con los antecedentes necesarios para imputar algún ilícito a las 18 personas restantes.
De acuerdo al análisis policial realizado por el OS-9 al grupo, tildado como parte de la "primera línea" por el intendente metropolitano, Felipe Guevara, la mayoría son hombres con edades que van desde los 14 a los 22 años.
Se detalla que 11 de ellos están asociados a clubes deportivos, ocho de ellos al Colo Colo.
En cuanto al historial del grupo, diez personas cuentan con detenciones anteriores, uno de ellos registra 21, mientras que tres fueron condenados previamente.
Seis horas de audiencia
En la sala 103 de la torre C del Centro de Justicia la audiencia en cuestión duró cerca de seis horas.
Primero se revisó la situación de los 16 eran menores de edad y para quienes la fiscalía Centro Norte pidió que quedaran sujetos a la vigilancia del Sename. El tribunal declaró legal la detención, aunque rechazó la solicitud del ente persecutor en base a la irreprochable conducta anterior de estos y la baja penalidad del ilícito -61 a 540 días-, dejándolos en libertad y apercibidos.
Sin embargo, la tensión entre instituciones gatilló con los adultos, para los que el tribunal volvió a aplicar el mismo criterio.
El Ministerio Público detalló que a eso de las 18:30 del martes, un grupo de casi 100 personas llegó al sector entre las calles Ramón Corvalán y Carabineros de Chile. Parte de ellos, detallaron fiscales Débora Quintana y Miguel Ángel Orellana lanzaron piedras, tuercas de acero con resorteras, ocupando las calles e impidiendo el tránsito. Se presentó como evidencia partes policiales y videos registrados por los policías que llevaron a cabo los operativos.
Considerando la penalidad del delito y antecedentes del grupo, la fiscalía Centro Norte solicitó para 27 de los 28 mayores de edad la cautelar de firma mensual. La excepción la hizo un hombre que estaba con libertad vigilada intensiva, respecto quien finalmente se decretó la prisión preventiva, aunque bajo caución de $250 mil.
Sin embargo, desde Interior solicitaron prisión preventiva para la totalidad de los adultos, aludiendo a que la pena probable, el tipo de delito y que los imputados se coordinaron para cometer ilícitos.
"Por la gravedad de la pena asignada al delito (...) estamos frente a una pena de 61 (días) a 3 años, luego el carácter de estos delitos. Estamos frente delitos de desórdenes público en un contexto de una serie de actos vandálicos que se han promovido desde hace hartos meses (...) Es una constante y de público conocimiento que los imputados es que se junten, se concierten, se organicen a travesé de distintos medios para justamente cometer este tipo de delitos", señaló la abogada querellante, aludiendo además a posibles "riesgos de reiteración" en algunos casos.
En la misma línea de la fiscalía, los cinco defensores públicos -tres de adultos y dos de menores-, se opusieron a la reclusión aludiendo a la proporcionalidad. Recalcaron que la pena asignada al delito formalizado no amerita dicha medida para personas que están amparadas por la presunción de inocencia.
Finalmente, el tribunal consideró dichos elementos y decretó firma cada dos meses.
"Teniéndose en consideración la naturaleza del delito, pena asignada al mismo, que la mayoría los imputados aquí presentes goza de irreprochable conducta anterior, se estima que no se cumple con los requisitos de acceder a la petición de la parte querellante", indicó la jueza Carolina Gajardo.
Reacciones
Concluida la audiencia, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, utilizó su cuenta de Twitter para anunciar la apelación.
"El esfuerzo policial por detener a estos violentistas y proteger a los vecinos debe ir acompañado de sanciones rigurosas. Apelaremos esta decisión y seguiremos trabajando para recuperar el orden público", recalcó.
62Personas fueron detenidas la tarde del martes.
En tanto, hoy la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, manifestó la postura de La Moneda. En entrevista con Radio ADN aseguró que "nosotros no compartimos (el fallo) dados los antecedentes. La fiscalía -que solicitó firma mensual- tampoco, porque podía medidas cautelares gravosas. No compartimos la decisión que tomó el juzgado, pero tampoco nos corresponde profundizar en esa decisión".
Rubilar confirmó la apelación, sosteniendo esperar que la situación se revierta en la Corte de Apelaciones de Santiago "porque creemos que esa es la señal que está esperando la ciudadanía".
Concluyó manifestando que, a su juicio, la idea es que "si Carabineros mejora sus acciones y logra detener a quienes están causando desmanes y alterando la paz y la seguridad de las personas, los tribunales de justicia nos ayuden en esa materia dando señales claras de que la sanción va a ser importante y que no va a salir gratis generar estos desmanes".
