SANTIAGO.- Los diputados de la Comisión de Educación de la Cámara Diego Schalper (RN) y Jaime Belollio (UDI) anunciaron que estudiarán, junto a sus bancadas, solicitar una comisión investigadora para que indague a fondo lo ocurrido en algunos de los Servicios Locales de Educación (SLE), donde auditorías solicitadas por la actual administración advierten de presuntas irregularidades.
Según informó "El Mercurio", la ministra Marcela Cubillos solicitó realizar auditorías a esas entidades, las que arrojaron que en el Servicio Local de Huasco existen "cheques girados por la exjefa de la Subdirección de Administración y Finanzas por a lo menos $407.738.740, desde las cuentas corrientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) y Subvención Escolar Preferencial (SEP), Subvenciones y Resto, a nombre de dos funcionarios de su dependencia, quienes depositaron dichos fondos en cuentas bancarais personales".
También se señala, en un pasaje referido a la Dirección de Educación Pública, que del total de recursos del FAEP utilizados para sanear deudas previsionales de la Corporación Municipal Cerro Navia, unos $571 millones "fueron pagados ilegalmente a las isapres".
Tras conocer los antecedentes, los diputados de Chile Vamos anunciaron que pedirán mañana en la Comisión de Educación que se destinen sesiones especiales a revisar ese tema y no descartan pedir una comisión investigadora, que permita citar a las autoridades del Gobierno anterior a rendir cuenta de su gestión.
"El Gobierno de Michelle Bachelet no sólo heredó un sistema pésimamente mal diseñado, sino además lleno de irregularidades y desórdenes financieros y administrativos", sostuvo el diputado Schalper.
Agregó que "debemos investigar en detalle para ver qué responsabilidades políticas le cabe a la ex ministra Delpiano, al ex director DEP Rodrigo Egaña y los directores de los servicios locales. No podemos seguir amparando el proceso de destrucción de la educación púbica ejecutado con pésimas políticas e irregularidades como éstas".
El diputado Belollio señaló que "los antecedentes que se han conocido son gravísimos, porque podrían configurar una malversación de fondos públicos y además perjudican a los alumnos más vulnerables de la educación pública (...) Lamento que aquéllos que hablaron mucho de educación pública, cuando ejecutaron su modelo, la perjudicaron profundamente".
