, de los cuales cuatro corresponde a menores de edad al momento de los hechos.
Al de la teóloga y profesora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica, se sumaron otros 16 relatos que le atribuyen responsabilidad al también ex director del Hogar de Cristo. Los hechos ocurrieron en el periodo de 48 años, desde 1960 a 2008.
Los relatos dicen relación con "abordaje sexual inesperado y violento" y "tocaciones de connotación sexual", de acuerdo al informe que presentó el provincial Cristián del Campo. Estos abusos ocurrieron en el marco de la dependencia "psicológica y moral" que ejercía sobre sus víctimas y el poder, añadió.
El detalle es el siguiente: "De esos 22 testimonios, 16 de ellos refieren a hechos correspondientes a un abuso sexual consistente en un abordaje sexual inesperado y violento, en que intempestivamente se intenta besar y tocar a la víctima. Hay también dos víctimas mayores de edad que mantuvieron una relación sexual abusiva estable en el tiempo con Poblete Barth. Asimismo, se pudo constatar cuatro casos de abuso sexual de menores de 18 años".
La investigación del abogado Bown "consideró que todos los testimonios eran plausibles y creíbles y, en algunos casos, pudo corroborar las denuncias con los testimonios de terceras personas u otro tipo de elementos externos que confirmaron los hechos".
4víctimas eran menores de edad al momento de los abusos, de acuerdo a la investigación.
Otros de las conclusiones de la investigación solicitada por la orden religiosa a la que pertenecía el sacerdote fallecido en febrero de 2010 dice relación con la existencia de tres abortos denunciados por Aranda. "El investigador consideró que al menos en uno hubo participación de Renato Poblete", sostuvo Del Campo.
"Las conductas de abuso de poder, de conciencia sexual y otros delitos se sostuvieron en una suerte de doble vida amparado en su imagen pública de persona de bien", dijo el religioso, citando la investigación de Bown, añadiendo que también usó el poder económico que ostentaba.
Sobre presunta responsabilidad de terceros e institucional en un supuesto encubrimiento, señaló que la indagatoria recogió diversos antecedentes que dan cuenta de que "existió un número significativo de personas, jesuitas y laicos, que tuvieron alguna información de comportamientos inadecuados del sacerdote Renato Poblete Barth, los que fueron conocidos de primera fuente, por terceras personas, o a modo de rumor".
Sin embargo, enfatizó que "el abogado Waldo Bown no acreditó la existencia de encubrimiento, tal como se lo entiende comúnmente en el ordenamiento jurídico chileno, sin desconocer que corresponde al Ministerio Público y a los tribunales establecer su existencia, por lo que pondremos en los próximos días los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía".
A continuación, expresó que el informe señala que "no se encontró ningún caso de un jesuita que haya tomado conocimiento de abuso de menores, violaciones, ni abortos. Además, ninguna víctima señaló haber comentado este tipo de delitos a algún jesuita".
Sin embargo, afirmó que el sacerdote de la orden y ex provincial de la Compañía, Juan Ochagavía, tuvo un actuar "negligente". "El gobierno provincial minimizó los hechos y no actuó con la debida prudencia (...) la conducta el padre Juan Ochagavía fue negligente", expresó.
"Creemos que lo que ha sucedido no se trata de hechos puntuales sino que de elementos estructurales que han apoyado en lo que ha sucedido"
Cristián del Campo
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Además, el provincial de la Compañía de Jesús pidió perdón por esta "dura verdad", porque "no actuamos con la prontitud y seriedad".
"Como Compañía de Jesús, no solo en este caso sino también en otros casos de abusos, fallamos en reaccionar con decisión, diligencia y eficacia ante las noticias, informaciones o señales preocupantes. Esta inacción permitió que se llevarán a cabo abusos de gravedad o no impidió que el comportamiento abusivo continuara. Pedimos perdón porque no actuamos con la prontitud y seriedad que se requería, con una mirada puesta en quienes estaban sufriendo en silencio", indicó.
Esta investigación comenzó el 1 de enero de 2019 y el informe final fue entregado la tarde del 26 de julio a los denunciantes. Cuenta con 407 páginas más anexos y se entrevistaron a 102 personas, entre otras diligencias.
