La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
El Mercurio.
SANTIAGO.- "Esta es la red más grande de trata de personas que ha existido en la historia de nuestro país. Son 381 ciudadanos extranjeros que fueron traídos".
La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, abordó así la detención de nueve personas, entre ellos ex autoridades públicas y un funcionario de Cancillería, realizadas en las últimas horas por los delitos de tráfico de migrantes, asociación ilícita y cohecho.
En concreto, en el grupo indagado se encuentra el ex gobernador de la Provincia de Choapa, Alex Trigo Rocco; el abogado y ex alcalde DC de Los Andes, Mauricio Navarro Salinas -todos autoridades al momento de los hechos en cuestión-; además el funcionario a contrata del Ministerio de Relaciones Exteriores, Álex Brito Ortiz.
"Lo más grave es que aquí habían autoridades políticas que generaban cartas de invitación para extranjeros para que los inmigrantes pudieran tener visas de turismo para ingresar a Chile y que eran falsas. Dentro de las cartas, una de las cosas que se argumentaban eran reuniones de empresarios que venían a hacer gestiones de negocios, cuando el motivo era quedarse a residir", explicó Martorell a Emol.
Debido a la situación, informó la abogada, la cual es además la segunda de este tipo en menos de un año, el Ministerio del Interior decidió querellarse contra quienes resulten responsables.
"En esto queremos transmitir un mensaje claro. El presidente Sebastián Piñera, y así lo ha hecho también Interior, ha trabajado muchísimo por ordenar la casa, por regular la situación de los migrantes; pero por otro lado también por proteger sus derechos", sostuvo.
"l presidente Piñera, y así lo ha hecho también Interior, ha trabajado muchísimo por ordenar la casa, por regular la situación de los migrantes, pero por otro lado también por proteger sus derechos".
Subsecretaria Katherine Martorell.
Y agregó: "Aquí estamos ante un atentado a los derechos humanos de los inmigrantes muy grave. Estas personas han sido utilizadas, abandonadas a su suerte. De hecho casi 170 de ellos tuvieron que emigrar a Argentina, y desconocemos su actual paradero".
Por el caso, que implicaba el pago de $5 mil dólares -casi 3 millones $500- por persona, el Ejecutivo espera ver "penas ejemplificadoras". "No se puede jugar con la vida de las personas y esperamos que el tribunal condene firmemente", acotó.
En esa línea, Martorell recalcó que debido a la preocupación por el tema se creo una mesa de trata de personas liderada por subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, mediante la cual se están tomando distintas medidas de coordinaciones aquellos involucrados en migración.
