SANTIAGO.- Fue a comienzos de octubre de 2015. Había pasado menos de un mes desde el terremoto de Coquimbo, que además de producir un tsunami dejó sin suministro eléctrico a miles de clientes. Fue este hecho el que motivó al diputado UDI Sergio Gahona a presentar una moción parlamentaria en la Cámara de Diputados para modificar la Ley General de Servicios Eléctricos.
Su propuesta, respaldada por los diputados Daniel Núñez (PC), Renzo Trisotti, Claudia Nogueira, José Antonio Kast, Andrea Molina, Felipe Ward, Celso Morales, Gustavo Hasbún y Miguel Ángel Alvarado (UDI), buscaba garantizar que, ante catástrofes naturales, el retiro y reposición de los empalmes y medidores en caso de la inutilización de las instalaciones fuera una obligación de la empresa distribuidora de energía.
La inquietud ya había surgido después del terremoto de 2010, impulsada por los senadores Ximena Rincón y Joaquín Tuma, pero sin llegar a puerto. Por eso se encontró con un amplio respaldo parlamentario y fue publicada en el Diario Oficial en febrero de 2018.
Hoy, la atención recae sobre la aprobación de esa ley, luego de que un reportaje de Ciper asegurara que ante la modernización de "medidores inteligentes" que se llevará a cabo durante los próximos siete años, los costos deberán ser asumidos por los clientes, que no serán titulares de las instalaciones y deberán pagar por ellos un "arriendo perpetuo".
Aunque el hecho fue negado por el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, según la investigación se trata de un costo de US$ 1.000 millones para los usuarios, que estaría siendo cobrado en algunas cuentas de luz desde septiembre pasado.
Se estima que el recambio tecnológico provocará una subida en los pagos de un 5% y se ha indicado que el paso de la ley por el Congreso jugó un rol clave.
¿Cómo es que una ley que buscaba proteger a los clientes de "cobros abusivos" permitió un alza de precios coincidente con la instalación de nuevos "medidores inteligentes"?
La iniciativa de Gahona
"Luego de este mega sismo acontecido en nuestra región de Coquimbo, las empresas eléctricas, en algunos casos, están exigiendo que sea de cargo de los propios damnificados el retiro y reposición de los servicios de empalme y de medidor, que los damnificados solicitan para sus nuevas viviendas de emergencia", contó el parlamentario al presentar su iniciativa en 2015.
"Nos parece adecuado y justo que estos trabajos deban ser solventados íntegramente por la empresa eléctrica, resolviendo de esta forma una laguna legal absoluta de nuestra legislación y que se ha prestado para la comisión de actos que sencillamente nos parecen inaceptables", añadió.
5% podrían subir las tarifas de las cuentas de electricidad
El libelo presentado liberaba a los usuarios de "la obligación de pagar por el retiro y cambio del empalme y medidor cuando la caída de estas obras se haya debido a una fuerza mayor irresistible, como lo es un terremoto, aluviones o tsunamis, caso en que los costos deberán ser absorbidos íntegramente por la empresa eléctrica".
Se trataba de un proyecto de ley de un único artículo que fue discutido por la Comisión de Minería y Energía en marzo de 2016. En la oportunidad, los diputados Marcos Espinosa, Juan Luis Castro, Sergio Gahona, Issa Kort, Luis Lemus, Paulina Núñez, Miguel Ángel Alvarado, Yasna Provoste y Gaspar Rivas formularon una indicación a agregar: que el retiro y reposición no quedara condicionado a que existiera morosidad en la cuenta o saldo pendiente al momento de la catástrofe.
El proyecto fue aprobado en general por unanimidad de los diputados presentes en la comisión.
Un proyecto ampliamente respaldado
En junio de 2016, el proyecto volvió a recibir una indicación, esta vez de parte de los diputados Alejandra Sepúlveda, Gabriel Boric, Claudio Arriagada, Juan Morano, René Saffirio, Alejandro Santana, Víctor Torres y Mario Venegas. La intención era cambiar la causal de catástrofes por "siempre que la inutilización no sea imputable a una acción u omisión del cliente".
El 8 de junio del mismo año, el proyecto fue discutido en la Sala y recibió un amplio respaldo, aunque el diputado Claudio Arriagada (DC) fue el primero en advertir que "debemos avanzar mucho más en materia de regulación de las empresas de distribución eléctrica", asegurando que a los clientes se les cobraba un "arriendo de equipos" mensualmente sin adquirir nunca su titularidad.
También presentó su preocupación por lo que ocurriría con la modernización de los medidores, citando una carta de Chilectra recibida por un cliente en marzo de 2016. "Estos nuevos medidores no se encuentran en venta. Por ello, usted puede optar por instalarlo en su domicilio bajo una modalidad de arriendo, incorporando a su cuenta mensual el valor regulado de arriendo del medidor. Es importante recordar que no existe obligación alguna de cambiar el equipo actual, que no es de propiedad del cliente", leyó.
"No por despachar rápido una iniciativa vamos a hacerlo en términos que favorezcan sólo a un par de personas, cuando podría beneficiar a muchas más"
René Manuel García
"Es contradictorio, puesto que, como dice la carta, la decisión de cambio del equipo es voluntaria, sin embargo, a ningún vecino le preguntan cuándo el medidor dejó de prestar vida útil, a fin de que sea cambiado. Sobre eso no tenemos control, sólo las empresas lo tienen", afirmó.
Sus consideraciones también fueron respaldadas por el diputado René Manuel García (RN). "Felicito a los autores de la iniciativa, pero me parece que estamos perdiendo una tremenda oportunidad para arreglar varios problemas. No por despachar rápido una iniciativa vamos a hacerlo en términos que favorezcan sólo a un par de personas, cuando podría beneficiar a muchas más", señaló.
Su recelo estaba en el cobro por reposición de servicio por boletas impagas a adultos mayores. También le preocupaba que si un temporal generaba la caída de un árbol, la empresa considerara que no se trataba de un evento de "fuerza mayor" y culpabilizara al dueño del árbol.
En general, la iniciativa fue considerada como "un buen proyecto de ley" que "recoge algo que la ciudadanía espera" y fue aprobada por 105 votos, sin negativas ni abstenciones. El proyecto volvió a la Comisión de Minería y Energía, donde se aprobó la indicación de la morosidad, pero no prosperó la que buscaba responsabilizar a las empresas cuando el daño no fuera imputable al cliente.
La propiedad de los medidores
El proyecto pasó al Senado el 16 de agosto de 2016 y fue revisada por la Comisión de Minería y Energía un año y medio después, el 5 de enero de 2018. Fue entonces donde apareció por primera vez la inquietud con respecto a quién ostentaría la propiedad de los medidores y empalmes, planteada por el propio Ministerio de Energía.
La subsecretaria Jimena Jara, presente en la sesión, entregó un dato: 70% de los usuarios era dueño de los medidores y las empresas del 30% restante. "Las compañías cobran al particular una renta por la parte que es objeto de arrendamiento. La tendencia futura, tratándose de medidores inteligentes, se orienta en el sentido de que las distribuidoras sean dueñas de los aparatos", dijo, como consta en la Biblioteca del Congreso Nacional.
La idea era que, al ser de propiedad de la compañía, la reposición de las instalaciones en caso de catástrofe correspondiera a las empresas distribuidoras. "Al ser un componente de la red de distribución, los medidores pasan a tarifa, la cual habrá de ser regulada por la CNE. A este organismo le corresponderá definir el valor de un medidor eficiente: luego de establecerse el estándar del medidor y el valor de la tarifa que se debe pagar, si la compañía compra un medidor de mayor costo, deberá asumir la diferencia", aseguró el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero.
"A la CNE le corresponderá definir el valor de un medidor eficiente. Luego de establecerse el estándar del medidor y el valor de la tarifa que se debe pagar, si la compañía compra un medidor de mayor costo, deberá asumir la diferencia"
Andrés Romero, ex secretario ejecutivo CNE
En conformidad con la sugerencia hecha por los representantes del Ejecutivo, los senadores García-Huidobro, Pizarro y Prokurica —hoy ministro de Minería— formularon una indicación para que empalme y medidor fueran "de propiedad y responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución o de aquel que preste el servicio". La forma de incluir en las fórmulas tarifarias la remuneración de las instalación se regularía por decreto.
También ingresaron una segunda indicación con artículos transitorios: que quienes fueran propietarios mantuvieran la titularidad hasta que se cambiaran las instalaciones, que la concesionaria era la responsable de "asumir íntegramente el costo del retiro o desmantelamiento del empalme y medidor, así como la ejecución o instalación" cuando mediara fuerza mayor y estado de catástrofe, y que los decretos tarifarios podrían modificarse para incorporar los mayores costos asociados a la ley, "debiendo evitar en todo momento el doble pago de servicios o infraestructura". Todo se haría efectivo al momento de concretar el cambio de dispositivo.
El 17 de enero, la Sala aprobó en general y en particular la iniciativa con modificaciones, lo que fue corroborado por la cámara de origen el 25 de enero, y enviado por oficio al Ejecutivo. Finalmente la ley 21.076 fue publicada en el diario oficial el 19 de febrero de 2018 y entró en vigencia en septiembre de 2018, con el nuevo decreto tarifario publicado. Ese reglamento es el que podría explicar el alza en las boletas de los clientes.
El decreto tarifario
Cada cuatro años, la Comisión Nacional de Energía fija las tarifas que pueden cobrar las empresas por distribuir la energía a través del Valor Agregado de Distribución (VAD). Para definir ese precio, la CNE debe usar como parámetro una "empresa modelo" que opera de manera eficiente en un escenario de competencia ficticio, como explica Ciper.
Esa definición queda a cargo de un consultor externo licitado por la CNE. Las cifras son contrastada con las de las distribuidoras, que realizan sus propios estudios de costos, y el resultado es un informe técnico que se construye en base a coeficientes: dos tercios para las cifras de CNE y un tercio para las de las empresas.
250 mil nuevos medidores ha instalado Enel
Según el medio, el estudio del último proceso tarifario (2016-2020) fue adjudicado a la Consultora Inecon por $635 millones y el decreto con las nuevas tarifas fue publicado en noviembre de 2016. Como la norma técnica que incluye los nuevos medidores se publicó en diciembre de 2017, se debió actualizar el decreto.
La CNE podía hacer un nuevo estudio o llegar a un acuerdo unánime con las empresas, optando por lo segundo. En octubre de 2017, se sentó con las empresas y llegó al acuerdo de usar como base el último estudio y contratar nuevamente a la misma consultora para actualizar las variables que habían cambiado.
En marzo de 2018 el decreto tarifario resultante ingresó a Contraloría y fue promulgado en septiembre. Ahí residen las fórmulas actuales y coincide con la fecha en la que, como denuncia Ciper, a algunos clientes se le comenzó a cobrar más. Enel ya ha instalado más de 250 mil nuevos medidores en Santiago y las cuentas, asegura el medio, podrían aumentar hasta en un 5%.
