SANTIAGO.- El Ministerio de Bienes Nacionales, a través de un informe de 19 páginas, determinó que el empresario
Matías Pérez Cruz estaba equivocado: el terreno desde donde expulsó a tres turistas el pasado martes, el cual aseguraba que era de su propiedad, es en realidad una playa pública.
El caso salió a la luz pública el miércoles, cuando un video que dio cuenta de la situación se viralizó a través de redes sociales, lo que, al parecer, no solo generó el rechazo por el actuar del presidente del directorio de Gasco, sino que además animó a la gente a denunciar hechos similares.
Bienes Nacionales registraba 365 denuncias en dos meses por prohibición arbitraria de acceso a playas del país (tanto en mar, lagos y ríos). Tras la controversia protagonizada por Pérez, el ministro de la cartera aludida, Felipe Ward, precisó a Emol que en dos días este tipo de requerimientos han aumentado en un 45%.
Son 166 denuncias nuevas anotadas desde el miércoles a la fecha, registrando un total de 531 desde que se lanzó a principios de diciembre la campaña "Que no te falte playa".
"Efectivamente teníamos hace dos días 365 denuncias en todo Chile, y estas aumentaron en 166 y llegaron a 531. Todas son básicamente por acceso a playas. Las playas son de acceso público y hay algunas personas que no pueden acceder a estos lugares", apuntó el secretario de Estado.
Según el desglose, las nuevas denuncias se concentran en Biobío (con 46), Coquimbo (25), Los Lagos (21), Los Ríos (12), Atacama (8). También hubo seis en la Región Metropolitana.
Ley que sanciona restricción de acceso
Además, durante la presentación del informe que concluyó que el actuar del empresario "no correspondía", Ward manifestó su preocupación en el sentido de que en la legislación chilena no se contemplan sanciones cuando no existe el libre acceso a alguna playa o este sea negado por el propietario colindante más cercano al balneario.
Por lo mismo, comentó que "gracias a un proyecto de ley que aprobamos en el Congreso, en un tiempo récord de dos semanas, va a existir, cuando sea publicada la ley probablemente la semana que viene, una sanción para cuando se haya fijado por parte del intendente un acceso público (a alguna playa) y ese acceso no sea respetado por el propietario colindante más cercano a esa playa".
Los castigos que contemplarán multas para los infractores de hasta $5 millones e incluso el doble en caso de reincidencia. "Eso implica que la campaña va a tener un efecto práctico y es por eso que agradecemos las denuncias que nos han llegado en estos dos meses", sostuvo Ward.
Seguido de ello, el ministro aclaró que el propietario está obligado a aceptar el uso de la facultad del intendente respectivo, que es quien fija dónde estará el acceso público de alguna playa, en caso de que no lo haya. "Por ejemplo, si un lago está rodeado únicamente por propiedad privada, es decir, no hay acceso público a ese bien nacional, el intendente está facultado por ley a determinar ese acceso", agregó Ward.
"¿Puede el afectado oponerse? Puede ir a tribunales ¿Pero puede finalmente oponerse una vez que haya sido determinado? No. Eso es obligación del privado y eso lo sabe la persona que compra una propiedad que está colindante a un Bien Nacional de Uso Público, y si no lo sabe, debería saberlo", insistió, e invitó a la ciudadanía a acercarse al Ministerio para establecer las denuncias pertinentes.
