Así lo señalaron a El Mercurio expertos del Centro de Estudios Públicos (CEP) y del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), quienes advirtieron que si se consideran solo los recursos de los fondos para las regiones, como el FNDR o el programa espejo del Transantiago, solo el 44% de dicho total es de libre disponibilidad regional.
En esa línea, en momentos en que se debaten medidas de descentralización, como la elección de gobernadores, los académicos subrayaron la necesidad de que dicho proyecto debe ir acompañado de real poder de decisión para las regiones sobre los recursos que poseen para ejecutar proyectos.
"Si no hay un traspaso real de facultades desde el gobierno central a las regiones para que gestionen presupuesto, cualquier otro cambio que se introduzca tendrá mucho de maquillaje y poco de fondo, indicó al respecto la investigadora de LyD Bettina Horst.
La experta sostiene que hoy las regiones tienen una escasa incidencia en la gestión de los recursos, incluso si se consideran exclusivamente las platas que, por presupuesto, están destinadas para el desarrollo regional, y sin considerar inversiones sectoriales, como las que lideran el Minvu o el MOP.
Hoy, los gobiernos locales reciben recursos por medio de distintos fondos. El más antiguo es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), al que se han ido sumando el Fondo de Innovación para la Competitividad, que transfiere recursos del royalty minero; el Fondo de Apoyo a Regiones, que es el programa espejo del Transantiago; el Fondo de Inversión y Reconversión Regional, que transfiere recursos del impuesto especial a la minería; el Fondo de Infraestructura Educacional, y los recientemente creados Programas de Convergencia, orientados a las zonas rezagadas del país.
En total, esos fondos sumados a los ingresos propios de regiones generados a partir del pago de patentes mineras y casinos de juego -que son marginales dentro del total- suman recursos en 2017 por US$ 1.846 millones.
Pero de dicho monto, solo el 44% de ellos -US$ 811 millones- es de libre disposición regional. La gran mayoría de esas platas llega a regiones con un uso definido desde el gobierno central: "Ello deja de manifiesto que incluso respecto de la ejecución de esos recursos, las regiones tienen un acotado espacio para determinar libremente su destino", afirma Bettina Horst.
Pero no solo eso: estos US$ 811 millones de libre disposición equivalen apenas al 1,18% del presupuesto total de la nación, que para 2017 totaliza US$ 68.358 millones.
Inversiones públicas: Escasa decisión a nivel regional
Otras formas de medir los recursos públicos que gestionan las regiones no arrojan tampoco mejores datos, en pos de lograr una descentralización efectiva. Es lo que pasa si se mide la inversión pública total materializada, que incluye recursos sectoriales, como los del Minvu y el MOP.
Una investigación de LyD elaborada con datos del Sistema Nacional de Inversiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, da cuenta que los gobiernos regionales solo resuelven en torno al 25% de las decisiones de inversión pública.
Los restantes recursos, en forma mayoritaria, corresponden a definiciones sectoriales del MOP y del Minvu, casi un 70% del total, y a inversiones realizadas por empresas del Estado. Dicha cifra, en torno al 25%, se ha mantenido bastante constante en más de 10 años, mientras en 2001 se dio el peak de inversión decidida regionalmente: 37% de la inversión pública.
En 2015 -el último dato disponible para este análisis basado en el Sistema Nacional de Inversiones-, la inversión pública efectiva de decisión regional alcanzó los US$ 1.917 millones.
Según el investigador del CEP, Slaven Razmilic, claramente esta forma de gestionar los recursos no es la más adecuada. "Se produce un doble problema. No solo se toman decisiones a distancia, lejos del problema que se busca resolver, sino que además, muchas veces se toman decisiones sectorialmente descoordinadas".
"Es decir, las decisiones del Ministerio de Obras Públicas no necesariamente conversan con las del Ministerio de Vivienda, con las del Ministerio de Transportes y menos con las de alcaldes e intendentes", afirma.
Consultado sobre si antes de pensar en la forma de elección de las autoridades regionales el país debería introducir cambios relevantes en materia de gestión de los recursos, indicó que "la delegación de competencias a autoridades regionales debió haberse iniciado hace tiempo, en especial aquellas que son evidentemente locales, como las vinculadas al desarrollo urbano".
"Intentar coordinar políticas nacionales desde Santiago para que funcionen integradamente y de manera simultánea en todas las ciudades, es simplemente imposible. Se requiere la visión local y las correspondientes atribuciones. Todo esto es anterior a la discusión de cuándo y cómo se eligen los intendentes", concluyó.
