SANTIAGO.- Este viernes, la Presidenta Michelle Bachelet anunció el esperado Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía, programa que recogió las conclusiones del informe de la Comisión Asesora Presidencial encabezada por Monseñor Héctor Vargas para enfrentar la condición de rezago y violencia que afecta a esa región.
Según explicó la Mandataria en la ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, el programa consta de tres ejes principales: políticas de reconocimiento de los pueblos indígenas, políticas de Desarrollo Productivo Regional y Territorial y una política para la protección, y el apoyo a todas las víctimas de la violencia en la región.
Sobre el primero de ellos, Bachelet recordó que el año pasado se realizó el Proceso Constituyente Indígena, en el cual se estableció la necesidad del reconocimiento como pueblos, en materia de tierras, sobre derechos lingüísticos y territoriales, así como respecto de la participación y representación política diferenciada.
Por ello, anunció que esas proposiciones serán incluidas "en el proyecto de nueva Constitución que enviaremos al Congreso Nacional durante el segundo semestre de este año, previa consulta indígena específica sobre estos aspectos constitucionales, consulta que se iniciará en las próximas semanas".
Además, en el plan propuso oficializar el uso del mapudungun en la Región de La Araucanía y firmó un proyecto de ley que establece como feriado nacional el Día Nacional de los Pueblos Originarios, que se celebra el 24 de junio, en el inicio del Año Nuevo Indígena.
También aseguró que le dará suma urgencia a la tramitación de los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, "para que dichas instituciones puedan constituirse antes de que finalice el actual período presidencial", aseveró.
La jefa de Estado añadió que “haremos las indicaciones necesarias en el proyecto de ministerio para que sean revisados los procedimientos que regulan los fondos de Conadi, en especial los de tierra y desarrollo, así como los registros de organizaciones indígenas, y de acreditación de la calidad de indígena”.
En cuanto al aspecto territorial, se creará un Comité Interministerial presidido por el ministro de Desarrollo Social, para que actualice el catastro de tierras y aguas indígenas y el cual escuchará y considerará las reivindicaciones del pueblo Mapuche y los planteamientos de los agricultores, parceleros y empresas forestales.
Desarrollo productivo y política para víctimas
En su discurso, la Presidenta afirmó que se realizará una inversión de $7 mil millones anuales en obras públicas, infraestructura educacional, caminos básicos e indígenas y obras de Agua Potable Rural, con una planificación estratégica sustentada en una Política Regional de Recursos Hídricos hasta el año 2021.
La Mandataria mencionó también que se creará un Fondo de Forestación, que comenzará a funcionar el segundo semestre de este año, y un Instituto de Desarrollo Cooperativo, para fortalecer la asociatividad de los productores mapuche y estimular redes de innovación y comercialización para sus productos.
Dentro de ese ámbito también se refirió al envío de la Ley Araucanía al Congreso dentro de los próximos 60 días, el cual contemplará incentivos económicos especiales para las empresas que trabajen exclusivamente dentro de la región y se instalen en las comunas más pobres de la región.
Además, aseveró que habrá una inversión de cerca de $35 mil millones anuales por los próximos cinco años para reducir la brecha en Agua potable Rural, y se asignarán $28 mil millones anuales para construir cerca de 3.000 kilómetros de caminos en el mismo lapso.
Finalmente, el tercer eje detallado por la gobernante es la política para la protección y el apoyo a todas las víctimas de la violencia en la región, la cual incluye un plan especial de apoyo a la recuperación económica de las personas y empresas afectadas por actos de violencia en zonas rurales.
La idea es contribuir a la reposición de actividades productivas de la micro, pequeña y mediana empresa que hayan sufrido la pérdida total o parcial de sus activos, cofinanciando las inversiones necesarias que permitan apoyar la recuperación productiva de las empresas que hayan sido afectadas.
