El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- El ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, se acogió a su derecho a guardar silencio y no declaró ante la fiscal de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, quien lo citó en calidad de imputado en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el uso de un jet privado durante su campaña presidencial en 2013.
El ex candidato se presentó esta mañana en dependencias del Ministerio Público en compañía de su abogado, Ciro Colombara, luego de ser requerido por el Ministerio Público, y tras casi una hora en el lugar, se retiró.
La diligencia había sido programada para el jueves de la semana pasada, sin embargo, fue postergada para hoy a petición de la defensa.
En el procedimiento, se esperaba que el ex candidato presidencial renunciara a su derecho a guardar silencio y aclarara las circunstancias en la que habría sido utilizado el avión en cuestión, específicamente, si se trató o no de una donación.
Ello, porque de acuerdo a los antecedentes reunidos por la Fiscalía, el fundador del PRO habría declarado como gasto ante el Servicio Electoral (Servel), el uso de la nave de la firma brasileña TAP -que fue arrendado por la empresa OAS, indagada por corrupción en Brasil- en circunstancias en que le habría sido facilitada de manera gratuita.
De ser así, entonces podrían configurarse actos de fraude al fisco y delitos tributarios, ya que Enríquez-Ominami -tal como él mismo ha declarado públicamente- justificó los gastos del jet en dos facturas por un total de $59 millones, las cuales podrían tratarse de documentos ideológicamente falsos por servicios que no habrían sido efectivos por tratarse de una donación.
Estos documentos tributarios fueron emitidos a la sociedad Cono Sur Research Spa, de la que es representante legal Cristián Warner, ex jefe de campaña de ME-O.
El ex candidato también es indagado en el marco del caso SQM, por el que debió declarar en la misma calidad -como imputado- en diciembre del año pasado ante los fiscales Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias.
Tras dicha diligencia, el ex presidenciable reafirmó que ha actuado de acuerdo a la ley, "de manera legal", descartando cualquier financiamiento irregular en sus actividades políticas.
