Dos asociaciones de gendarmes, de oficiales y suboficiales, presentaron ayer un recurso de protección para eliminar el tope de 60 UF fijado por la Contraloría para sus pensiones.
Héctor Yáñez, El Mercurio
SANTIAGO.- "Como fiscalía nos parecen hechos que deben ser analizados. No solo por el impacto público que esto ha generado, sino que además alteran un sistema previsional que está destinado a dar cierta igualdad a personas que ocupan un cargo similar".
Con estas palabras, el fiscal nacional, Jorge Abbott, confirmó ayer a
"El Mercurio" que un equipo de la Fiscalía Centro Norte está analizando los antecedentes surgidos tras la polémica de las abultadas pensiones en Gendarmería que incluyen, entre otras, la situación de Myriam Olate, la militante socialista y esposa del diputado Osvaldo Andrade.
De hallarse antecedentes que pudieran ser constitutivos de delito, explicó Abbott, se abrirá de inmediato y de oficio una investigación penal que podría ser por fraude al fisco.
En esa misma línea, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, sostuvo que "estamos coordinados ya con el Ministerio Público. Nos hemos enterado de estos hechos y estamos a la espera de contar con el detalle de los antecedentes".
Piña explicó que, no obstante el análisis que realizan, "no debe confundirse la legalidad de la determinación de la pensión con las eventuales maniobras que pudieran haberse realizado para conseguir su aumento".
Olate jubiló en octubre de 2015 con una pensión bruta de cinco millones 200 mil pesos, mayor que la de comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y del general director de Carabineros y el director general de la PDI.
La situación de las elevadas pensiones en Gendarmería —entre 2014 y 2015 se pagaron 191 pensiones superiores a 60 UF y de ellas, 28 superiores a los tres millones de pesos mensuales y seis de cinco millones de pesos— obligó a la intervención de la Contraloría, que en dictamen del 9 de junio determinó que las pensiones en el servicio penal no podían exceder las 60 UF.
Tanto la fiscalía como el CDE apuntan a los actos previos de la entidad penitenciaria que propiciaron el último sueldo con que estas personas se jubilaron.
"Gestiones de este tipo, en el evento de existir cercanamente al tiempo de pensionarse, deberán ser revisadas cuidadosamente porque podrían entrañar la comisión de delitos. Eso habrá que indagarlo con los antecedentes a la vista", dijo Piña.
Abbott, por su parte, dijo que por lo pronto les "resulta extraño que exista un sector dentro de las cajas de previsión de las Fuerzas Armadas y Carabineros en donde pueda haber ciertas situaciones anormales que puedan llevar a pensiones que exceden con mucho a lo que uno esperaría de acuerdo a los sueldos promedio que se tienen durante el ejercicio efectivo del cargo".
Parte del análisis que desarrolla el Ministerio Público en estos días, sostuvo el fiscal nacional, es que "hay que saber cómo se llega al cálculo de una pensión tan excesivamente alta, si con el propósito de alterar ese cálculo pudo haber hechos o actos que puedan ser constitutivos de delito".
Piña detalló que se está revisando si es que pudo haber "maquinación estratégica para aumentar montos de remuneración" y que esa es la indagación que llevan adelante.
El fiscal regional Centro Norte está a cargo del análisis y será quien defina la causa penal.
