Luciano Riquelme, El Mercurio
SANTIAGO.- En un documento de 32 páginas, la defensa del senador Jaime Orpis —representada por Carlos Cortés y Sergio Rodríguez Oro— presentó en la Corte Suprema sus argumentos para apelar por el desafuero que determinó el Pleno de la Corte de Apelaciones luego de los alegatos del pasado 14 de enero (resolución que se conoció íntegramente el 11 de marzo), por los delitos de lavado de activos, cohecho, fraude al fisco y tributarios, en el caso Corpesca.
Sin embargo, solo se recurrió por los primeros dos hechos, ya que en el resto, el militante de la UDI ya se encuentra confeso. Lo que pide es "revocar parcialmente y en lo apelado la resolución judicial recurrida", señala "El Mercurio".
Sobre el cohecho, la fiscal Ximena Chong le imputó que Corpesca, a través de su gerente general, Francisco Mujica, le pagó al parlamentario ininterrumpidamente 264 millones 254 mil 120 pesos, entre marzo de 2009 y abril de 2013. La apertura de la causa por este delito fue aprobada por 25 ministros de los 28 presentes.
El escrito plantea que Orpis "no recibió dinero para ejecutar algún acto propio de su cargo. No existe ningún antecedente expuesto por el Ministerio Público o los querellantes que demuestre una relación entre un acto propio del cargo y los dineros de Corpesca S.A. No existe antecedente alguno que se hubiese omitido algún acto propio del cargo o que ellos se hubiesen realizado con infracción a los deberes de su cargo".
Además, dice que los informes enviados para la tramitación del proyecto en 2009 habían sido enviados por Corpesca a Orpis.
"Se encuentra acreditado en la carpeta del Ministerio Público que tales informes ya se encontraban en poder del senador en el año 2007, siendo utilizados en el proyecto original", y añade que "el referido proyecto de ley dice relación con una iniciativa y materia que tiene su origen y desarrollo desde los años 2006 y 2007, mucho antes de que mi representado conociera a don Francisco Mujica o que recibiera algún tipo de aporte o colaboración de Corpesca S.A.".
Agregan que "reingresar un proyecto de ley que había sido rechazado dos años antes, en ningún caso tiene la relación que el delito de cohecho requiere".
Tampoco, según la defensa, habría pruebas sobre comunicaciones entre el parlamentario y el ex gerente general sobre el proyecto y que el único objetivo del senador era "intentar buscar una herramienta para mejorar la condición de todo el sector pesquero del norte del país".
Sobre la votación del proyecto, el escrito señala que Orpis "votó en la Ley de Pesca siguiendo el 'acuerdo político' y no las 'instrucciones' del Sr. Francisco Mujica Ortúzar, y que los pagos para campañas políticas jamás tuvieron como condición promover o votar favorablemente en las posiciones de Corpesca S.A.".
Lavado de activos
En el acápite del lavado de activos —el más debatido en el Pleno del tribunal de alzada, siendo aprobado por 16 votos a favor y 12 en contra—, la defensa argumenta que "no hay ninguna conducta de ocultamiento o disimulo, ya que se trata de la misma forma en que los dineros provenientes del supuesto cohecho salen desde la empresa y se usan para los fines o destinos que el honorable senador don Jaime Orpis Bouchón determinaba".
Según la fiscalía, habría habido un ocultamiento de dineros entregados por la pesquera a una decena de ex asesores del senador que habrían confesado que actuaron como testaferros.
El escrito prosigue realizando las siguientes preguntas: "¿Se ocultó de algún modo que el origen de los dineros era Corpesca S.A.? No. Nadie ha dicho, ni el Ministerio Público ni el querellante, cuál sería la conducta concreta por la cual se ocultó o aparentó que los dineros no provenían de Corpesca S.A. ¿Puede el facilitar una boleta a Corpesca S.A. ocultar o disimular que el dinero proviene de esa misma empresa? La respuesta, de acuerdo con la lógica, es evidente".
También argumentan que el ocultamiento de dinero —en la solicitud de desafuero y en la sentencia de la Corte— sería constitutivo de tres delitos distintos: lavado de dinero; delito tributario, que consiste en abultar los gastos y así bajar la base imponible; como además, el "agotamiento" del delito de cohecho, referido a la receptación del beneficio ofrecido.
"Lo anterior resulta claramente atentatorio de las reglas del concurso de delitos", dicen.
