El Mercurio (Archivo/Imagen referencial)
SANTIAGO.- La fiscal metropolitana centro norte Ximena Chong, quien investiga a los civiles involucrados en el fraude a la Ley Reservada del Cobre, alista una segunda formalización por fraude al fisco contra proveedores del Ejército, al surgir nuevos antecedentes en el caso.
Según informa
"El Mercurio" habría trascendido que la audiencia sería pedida antes de fin de año.
También en este contexto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -que es parte en ambos indagatorias- amplió su querella y solicitó una batería de diligencias.
Entre ellas que
se cite a declarar en calidad de imputados a los cinco proveedores del Ejército contra quienes se dirige la acción; que se solicite a la justicia militar los informes contables de la PDI anexados al expediente y que dan cuenta del fraude, y que detectives de la Brigada de Lavado de Activos o la Unidad Especializada de la Fiscalía Nacional realice un levantamiento patrimonial de los querellados.
Esto porque -según nuevas informaciones- el ya querellado y formalizado Francisco Huincahue entregó facturas ideológicamente falsas de su empresa Frasim -por ventas de repuestos y servicios que nunca se prestaron- a los procesados Clovis Montero, coronel (r), y a Juan Carlos Cruz, cabo, entre junio de 2013 y marzo de 2014 por $325 millones, monto que corresponde al perjuicio fiscal.
Huincahue emitía las facturas a Montero y este se las daba a Cruz, "quien procedía a confeccionar los documentos pertinentes y a falsificar los vistos buenos y aprobaciones de oficiales superiores, ingresándolas a trámite de pago en tesorería del Ejército", consigna la querella. Y, agrega, "una vez obtenido el pago de las facturas por parte de Francisco Huincahue se repartían dichos dineros entre todos los involucrados".
Sumadas estas nuevas facturas a las que fueron materia de la formalización contra Huincahue en octubre de 2014, el perjuicio fiscal total en su caso asciende a $429 millones.
La misma manera de operar -dice la querella- usaron los querellados Raúl Fuentes y César Fuentes, representantes legales de las sociedades Katherine y Nicole y Comercio Capellán, respectivamente. Facilitaban facturas a los suboficiales, también procesados por la justicia militar, Claudio González y Miguel Escobar.
Ello se hizo entre 2010 y 2014, alcanzando el perjuicio fiscal $2 mil 61 millones.
E iguales maniobras, según la presentación del Consejo del Defensa del Estado, realizaron los querellados Waldo Pinto y Pedro Salinas, con la entrega de facturas "falsas" a funcionarios del Ejército, cuyas identidades se indagan, por $29 millones y cerca de $840 millones, en cada caso.
