La administración del saliente Rodrigo Duterte (2016-2022) estuvo marcada por una sangrienta política de guerra a las drogas, que oficialmente acabó con la vida de unos 6.200 individuos -señalados por el Gobierno como traficantes o drogadictos- aunque organizaciones defensoras de los derechos humanos calculan que hasta 30.000 personas fueron ejecutadas a manos de las fuerzas de seguridad.
Si bien ha afirmado que planea dar seguimiento a la guerra al narcotráfico, Marcos ha apuntado que su gestión buscará centrarse en los grandes capos y jefes que mueven los hilos del tráfico en Filipinas, mientras que su compañera de fórmula aseguró que trabajarán para "unificar" el país.
Opositores protestan en la toma de mando | Reuters Los opositores temen que bajo su administración continúe el deterioro de los derechos humanos, ya que Marcos Jr. nunca ha condenado los abusos que tuvieron lugar en el Gobierno de su padre< (1965-1986), que se saldó con más de 70.000 personas encarceladas, 34.000 torturadas y unas 3.000 ejecutadas, según Amnistía Internacional.
Asimismo, ya manifestó que a ejemplo de su antecesor no permitirá la entrada de los integrantes de la Corte Penal Internacional que investigan crímenes de lesa humanidad durante la guerra contra las drogas de Duterte.
Marcos Jr. se ha mostrado contrario a la violación de los derechos humanos, pero durante la campaña ha mantenido una relación hostil hacia ciertos periodistas y medios de comunicación, lo que ha prendido las alertas sobre un posible intento de silenciar a la prensa en el país.
Asimismo, llegó a sugerir la modificación de capítulos de libros escolares filipinos que abordan el período de la sangrienta Ley Marcial que imperó en el país durante el Gobierno de su padre.
Marcos Jr. no ha brindado detalles sobre una posible devolución de las milmillonarias sumas de dinero que su familia acumuló en el pasado, en lo que varios expertos consideran como el mayor desfalco al erario de un país de la historia reciente.
El regreso de los Marcos al poder podría beneficiar judicialmente a miembros de la familia, que a día de hoy responde a al menos 40 juicios civiles, acumula una decena de condenas por corrupción y ha logrado evadir pagos que ascienden a US$3.900 millones en impuestos.
No obstante, la ministra de Hacienda, Lilla Guillermo, nombrada por Marcos Jr, instó al presidente a ser un "modelo de conducta" y liquidar las deudas con el fisco.
La vicepresidenta Duterte-Carpio y el nuevo mandatario | ReutersMientras que Duterte abiertamente tensó la cuerda con Estados Unidos y buscó estrechar lazos con China, la llegada de Bongbong Marcos a la presidencia filipina supone un enigma, ya que evitó manifestarse sobre sus posicionamientos estratégicos.
Pero el gobernante sí se refirió con más claridad en cuanto a la alianza de su país con China y ha abogado por extender la política marcada por su antecesor, aunque, eso sí, se espera que busque la cautela a fin de no perjudicar los vínculos que mantiene con Washington.
Los Marcos han sido los protagonistas desde hace varias décadas de una intensa y eficaz campaña de desinformación en Filipinas, a la que se atribuye un papel fundamental para el abrumador triunfo de Bongbong en los comicios del pasado mayo.
Los partidarios de la familia califican de ficción los abusos cometidos por Marcos padre, que falleció en el exilio en 1989, y defienden que en todo caso el hijo no tiene que rendir cuentas por infracciones de terceros, al tiempo que ponen el foco en el progreso en infraestructuras en aquellos años.
Marcos inicia su mandato con una popularidad similar a la de Duterte, pero aún es pronto para saber si imitará su estilo autoritario.
