Los ministros de Exteriores del G7, los países más industrializados y ricos del mundo, urgieron este miércoles a China a reconsiderar la polémica ley de seguridad nacional sobre Hong Kong que, según abogados y activistas, podría cercenar las libertades de la ciudad semiautónoma.
"Instamos encarecidamente al Gobierno de China a que reconsidere esta decisión", dijeron los ministros de Exteriores del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) en un comunicado, difundido por el Departamento de Estado en Washington.
El G7 consideró que la norma "pondría seriamente poner en riesgo" el principio de "Un país, dos sistemas", una idea del ex presidente chino Deng Xiaoping (1981-1989) que establece que China es una nación en la que coexisten diferentes sistemas políticos y económicos en algunas zonas.
En ese sentido, el G7 avisó que la legislación amenaza "el alto grado de autonomía del territorio", y avisó que "podría poner en peligro el sistema que permitió que Hong Kong floreciera y que lo convirtió en un éxito durante muchos años".
"Es esencial el debate abierto, la consulta con las partes interesadas y el respeto de los derechos y libertades protegidos en Hong Kong", subrayó el grupo de países.
"También -agregaron- nos preocupa mucho que esta acción reduzca y amenace los derechos y libertades fundamentales de toda la población protegida por el Estado de Derecho y la existencia de un sistema de justicia independiente".
Además, el G7, que incluye al Reino Unido, consideró que la legislación violaría la Ley Básica o miniconstitución hongkonesa y la Declaración Chino-Británica de 1984, que articuló la retrocesión de la excolonia de Londres a Pekín en 1997.
La ley de seguridad nacional, aprobada por el Legislativo chino el mes pasado, busca prohibir todo acto de "subversión contra el Gobierno" central chino en la ciudad semiautónoma.
En concreto, según el texto, su objetivo es "salvaguardar la seguridad nacional" frente a la tan temida "injerencia extranjera" que Pekín ve en las multitudinarias protestas que arrancaron hace ya más de un año, pero abogados y activistas creen que esa ley terminará por cercenar las libertades de que goza la ciudad.
