Desde mediados de febrero, los protagonistas del juicio que se realiza en el Tribunal Supremo de España en Madrid han escuchado el testimonio de más de 500 testigos y han revisado horas de videos, incluyendo imágenes de protestas y represión policial. Todo fue transmitido en vivo por televisión, mientras los persecutores acusaban a los imputados de intentar un golpe de Estado.
El caso apunta a los meses previos que desembocaron en la realización del referéndum independentista catalán el 1 de octubre de 2017, además de lo que ocurrió posteriormente, cuando legisladores separatistas declararon la victoria y la independencia, pero sin recibir reconocimiento internacional. El gobierno español disolvió el parlamento catalán, removieron el gabinete regional y transfirieron sus tareas a Madrid.
Entre los separatistas enjuiciados está el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras; el activista y político Jordi Sánchez; el también activista Jordi Cuixart; y la ex presidente del parlamento regional catalán, Carme Forcadell.
Los otros seis hombres y dos mujeres en el juicio, eran miembros del disuelto gabinete.
Los acusados se han transformado en un importante símbolo para los separatistas, que consideran que el haberlos dejado en prisión preventiva por más de 18 meses, es injusto. El tribunal, en tanto, considera que representan riesgo de escaparse del país, dando como ejemplo al ex presidente regional catalán Carles Puigdemont y otros separatistas, que alcanzaron a salir de España y han evitado exitosamente la extradición.
Después de más de 50 audiencias, los persecutores promueven una pena de 25 años para Junqueras si es declarado culpable de rebelión, para lo que bajo la ley española se requiere probar que la violencia fue utilizada para desestabilizar el orden constitucional del país. Cuixart, Sánchez y Forcadell enfrentan posibles condenas de 17 años en prisión si son hallados culpables.
"Tenemos que decir las cosas por su nombre", dijo Javier Zaragoza, fiscal de sala del Tribunal Supremo, al cerrar su intervención la semana pasada. "Lo que los acusados estaban intentando era un golpe de Estado", aseveró.
Mientras el partido de derecha Vox ha jugado un rol clave -ya que se hizo parte del juicio- y ha hecho llamados por duras sentencias, los abogados que representan al gobierno contra los imputados dejaron de lado el cargo más grave de rebelión, luego que el nuevo gobierno de centro izquierda de Pedro Sánchez buscara abrir el diálogo con los separatistas catalanes.
En contraste directo con los persecutores públicos, que representan el interés público, los abogados del gobierno buscan que sean convictos por cargos de sedición, que tienen penas de prisión mucho menores.
El martes, durante sus intervenciones finales, la mayoría de los abogados defensores dijeron que si sus clientes fuesen hallados culpables de algo, debería ser sólo por desobediencia, lo que significaría la aplicación de multas y un posible veto para ocupar cargos públicos.
A los imputados también se les acusa de usar fondos públicos de forma ilícita para llevar a cabo el referéndum.
La población de todo el país, y principalmente en Cataluña, ha seguido los distintos capítulos del proceso legal en los últimos meses como un evento televisivo o deportivo. Los análisis en los medios de las audiencias, se han amplificado con todo tipo de comentarios en redes sociales.
La publicidad ha jugador a favor de los separatistas catalanes, que han querido utilizar el juicio para presentar a sus líderes como chivos expiatorios en "una democracia que no funciona bien", así como también como plataforma para abogar por la autodeterminación catalana.
El Poder Judicial español ha dicho que, ya que las audiencias están siendo transmitidas en vivo, se está permitiendo que el público sea testigo del proceso, una actitud transparente que esperan signifique que sus decisiones queden reflejadas como independientes de la posición del Ejecutivo.
El magistrado que preside el panel de siete jueces en el caso se ha transformado en una figura divisoria, vilipendiada por muchos separatistas, pero al mismo tiempo popular por su habilidad para sostener el peso de un juicio que pone a prueba el sistema judicial en su totalidad.
En los procedimientos, Manuel Marchena ha conseguido un difícil equilibrio entre cortesía y firmeza; flexibilidad y clemencia; al reprender a todos los sectores en algún momento del juicio, en varios casos utilizando altas cuotas de ironía.
Cuando los abogados defensores propusieron a Puigdemont como testigo, el juez de 59 años respondió que uno "no puede ser testigo en la mañana e imputado en la tarde".
Al mismo tiempo, Marchena también ha mantenido bajo control al partido de ultraderecha Vox, regañando a sus abogados por no saber la fecha y lugar exactos de algunos videos que presentaron como evidencia.
En el frente político, las tensiones entre la administración regional de Cataluña y el gobierno de España han retrocedido, pero sin desaparecer totalmente.
Se espera que el veredicto no llegue antes de septiembre y las sentencias podrían significar la realización de nuevas elecciones catalanas.
Los imputados ya están anticipando un largo proceso de apelación y advirtieron que podrían llevar el caso incluso a la Corte Europea de Derechos Humanos, si es que se agotaran todas las instancias dentro de España.
Adicionalmente, tanto Junqueras como Puigdemont -quien no está siendo juzgado ahora y se mantiene en calidad de fugitivo para España- lograron escaños en el Parlamento Europeo, aunque ambos enfrentan escollos legales para poder llegar a jurar como legisladores.
