El 10 de abril de 2013, el Presidente de Bolivia,Evo Morales, encabezó la presentación de una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya con la intención de lograr una salida soberana al Océano Pacífico, asegurando que nuestro país se ha comprometido y tiene la obligación legal de negociar para poder solucionar este conflicto, y que dicha obligación estaría incumplida.
Chile argumenta, por su parte, que todo está zanjado en el Tratado de Paz y Amistad de 1904, donde se fijaron los límites fronterizos con Bolivia.
Así, buscó impugnar la competencia de la CIJ ante la demanda boliviana,señalando que no puede revisar acuerdos suscritos antes de 1948, año en que se firmó el Pacto de Bogotá.
Esto llevó a una etapa previa al juicio mismo, sólo para discutir el tema de la jurisdicción de la Corte. Esta etapa previa, que incluyó presentaciones orales y escritas, concluyó con el rechazo del tribunal al requerimiento chileno, dando inicio al proceso sobre el fondo.
De este modo, tras la presentación de los argumentos y las respectivas réplicas y dúplicas, ahora corresponde la fase de alegatos orales sobre la substancia de la petición boliviana, es decir, la existencia de la supuesta obligación de negociar un acceso soberano al mar que según Bolivia, Chile habría asumido.
Bolivia solicita a la Corte que se pronuncie sobre tres puntos:
- Que Chile tiene la obligación de negociar para otorgarle acceso soberano al Pacífico.
- Que Chile ha violado esa obligación.
- Que Chile debe llevar a cabo esa obligación de buena fe, formal y prontamente.
Por lo mismo, La Haya no decide si se le entrega o no una salida al mar a Bolivia, sino que fallará sobre la obligatoriedad de negociar sobre el tema. Tampoco la corte establecerá los términos en que tendría que desarrollarse esa discusión.
Nuestro país sostiene que no existe fundamento jurídico para la demanda boliviana, ya que Chile nunca ha asumido una obligación de negociar en un tratado ni en declaraciones unilaterales, ni tampoco se podría decir que por escuchar a Bolivia ha surgido una obligación jurídica.
Los alegatos orales comenzarán el lunes 19 de marzo a las 06:00 horas de Chile y se extenderán hasta el miércoles 28 del mismo mes.
Lugar: Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos.
*La CIJ no es el único tribunal con sede en la Haya. También hay otras instituciones como la Corte Penal Internacional y la Corte Permanente de Arbitraje.
El caso se iniciará con la intervención de Bolivia durante dos días, ya que es el país demandante. Después de un día de receso tomarán la palabra los representantes de Chile, por el mismo tiempo.
A la semana siguiente existe una segunda ronda de alegatos y contraargumentos. Al igual que la etapa anterior, comenzará el país altiplánico.
El equipo jurídico de cada país decide cómo se distribuyen los tiempos y entre los litigantes se dividen los principales argumentos que por escrito la Corte ya conoce.
Las intervenciones deben realizarse en los idiomas oficiales de la Corte, que son el inglés y el francés.
Presentan:
Roberto Ampuero
Ministro de Relaciones Exteriores
Claudio Grossmann
Agente de Chile e integrante de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas.
Equipo:
María Teresa Infante, co-agente
Alfonso Silva, co-agente
Carolina Valdivia, coordinadora ejecutiva
Alberto van Klaveren,asesor principal
Claudio Troncoso, abogado
Ximena Fuentes, abogada
Mariana Durney, abogada
Hernán Salinas, abogado
Luis Winter, abogado
Andrés Jana, abogado
Juan Martabit, abogado
Luis Goycoolea, abogado
Carlos Portales, diplomático
José J. Hernández, diplomático y abogado
Giovanni Cisternas, diplomático y abogado
Milenko Bertrand-Galindo, abogado
José Miguel Pozo, historiador
María Alicia Ríos, socióloga
María Luisa Matte, bibliotecaria
Litigantes internacionales
Sir Daniel Bethlehem
Ben Juratowitch
Jean-Marc Thouvenin
Kate Parlett
Harold Koh
Mónica Pinto
Sam Wordsworth
La integran 15 magistrados, a los que se suman dos jueces ad-hoc, designados por los países litigantes, al no haber un representante de su nacionalidad entre los miembros. Por Chile se sumará Donald McRae, canadiense-neo zelandés.
El único cambio reciente de composición de los integrantes permanentes de la Corte es la salida del ex juez Sir Christopher Greenwood, quien regresó a su práctica de litigante en el Reino Unido, y la incorporación del jurista libanés Nawaf Salam.
Según el art. 61 de las Reglas de procedimiento de la Corte, los jueces pueden interrumpir durante las audiencias a los litigantes en sus alegatos, pero en general no lo hacen.
Las deliberaciones son a puerta cerrada. Los magistrados realizan un intercambio de opiniones y traducen un minifallo escrito para los demás integrantes. Semanas después presentan un proyecto de resolución abierto a modificaciones. Después de una segunda lectura se puede aprobar o no, de forma oral y sin abstenciones. Si los votos empatan, el Presidente decide.
Por lo general se dicta una decisión final entre nueve meses y un año después de concluir las audiencia, dándose lectura de esta en una audiencia pública en la Gran Sala de la Justicia del Palacio de la Paz.
