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Santiago: Miércoles 24 de abril del 2024 | Actualizado 01:12
ArgentinaLos "aportes a intermediarios" por 35 millones de dólares habrían sido pagados entre 2007 y 2014, en un periodo que cae entre los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, la idea de que el caso sólo afectaba a gobiernos kirchneristas quedó en tela de juicio, luego que se acusara al actual jefe de la agencia local de inteligencia, Gustavo Arribas, de haber recibido transferencias sospechosas de uno de los condenados en Brasil. Se trata de un personaje cercano al actual mandatario argentino, Mauricio Macri, quien en primera instancia ha salido a defender a su amigo.
BrasilOdebrecht está acusada de pagar al menos 349 millones de dólares en sobornos a políticos de varios partidos desde 2003 hasta 2016. Parte de las acusaciones están vinculadas con la investigación en la petrolera estatal Petrobras conocida como "Lava Jato" ("Lavado de auto").
La compañía acordó con la justicia brindar información, a cambio de reducir las penas de 77 ejecutivos de la firma, entre ellos su ex presidente Marcelo Odebrecht, quien se encuentra encarcelado.
Si bien la confesión de estos ejecutivos aún es secreta, medios brasileños han filtrado algunos nombres que podrían estar involucrados en algún grado, incluyendo al actual presidente, Michel Temer, y sus dos antecesores: Dilma Roussef y Luiz Inácio Lula da Silva. Otro político destacado mencionado es Geraldo Alckmin, gobernador de Sao Paulo y quien se perfilaba como un candidato relevante para las elecciones presidenciales del próximo año.
ColombiaEl monto de los sobornos pagados presuntamente entre 2009 y 2014 asciende a los 11 millones de dólares. El escenario sufrió un gran remezón político esta semana, al involucrarse el nombre del actual presidente Juan Manuel Santos, ante posibles irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2014, donde pudo haber recibido recursos procedentes de Odebrecht, por la vía de un ex senador que ya se encuentra detenido. El caso está siendo investigado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) colombiano, aunque las autoridades de gobierno ya han salido en defensa de Santos.
República DominicanaOdebrecht admitió haber pagado sobornos por 92 millones de dólares entre 2001 y 2014, e incluso llegó a un acuerdo con el Ministerio Público de ese país para entregar en un plazo de ocho años 184 millones de dólares en compensación, el doble de lo que pagó en sobornos.
La polémica en el país hoy gira en torno a proyectos que Odebrecht tenía encaminados, particularmente dos plantas de generación de electricidad. La oposición calificó de "inaceptable" que el gobierno local procure prestar 600 millones de dólares para que Odebrecht continúe las obras y también criticó que la investigación se haya centrado en ex legisladores y ex funcionarios, en vez de autoridades del actual gobierno. La fiscalía, por su parte, insiste en que "no habrá impunidad" para quienes resulten implicados.
EcuadorEl monto de los pagos irregulares a funcionarios estatales es cifrado en 33,5 millones de dólares entre 2007 y 2016. El caso se suma al caso de corrupción que afecta a la compañía local Petroecuador, acusada de desviar millonarias sumas a ex funcionarios del gobierno de Rafael Correa. A semanas de los comicios presidenciales, los candidatos de oposición han intentado vincular a Correa y sus ex funcionarios con los dineros de Odebrecht, pero Correa se ha defendido diciendo que se trata de "campaña sucia" ante el favoritismo oficialista en las encuestas.
La fiscalía ecuatoriana por ahora recibe la colaboración de su par de España, para interrogar a un implicado detenido en el país europeo, el ex abogado de la constructora Rodrigo Tecla Durán, quien podría proveer información valiosa para la investigación local.
GuatemalaLos presuntos sobornos por valor de 18 millones de dólares fueron pagados entre 2013 y 2015. El actual gobierno guatemalteco anunció en enero la presentación de querellas en contra de varios ex funcionarios que trabajaron en la administración del ex presidente Otto Pérez Molina, entre ellos un ministro y dos viceministros, además de otras autoridades.
MéxicoOdebrecht es acusada de haber desembolsado 10,5 millones de dólares para sobornos pagados entre 2010 y 2014, durante los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Específicamente la compañía admitió el pago de sobornos entre 2013 y 2014 a una compañía estatal -que no fue mencionada- para ganar contratos.
Los sobornos podrían apuntar a Pemex (Petróleos Mexicanos), que otorgó millonarios contratos a Odebrecht durante los períodos investigados. La Secretaría de la Función Pública (SFP) es la que investiga la posible corrupción de funcionarios mexicanos, pero hasta ahora no han presentado avances.
PanamáLa constructora brasileña es acusada de haber pagado 59 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2014 en el país centroamericano, coincidiendo con el mandato de Ricardo Martinelli. El gobierno panameño autorizó un traspaso extraordinario de 2,4 millones de dólares al Ministerio Público para agilizar las investigaciones sobre este caso y, según la fiscalía, la compañía brasileña ya se habría comprometido a pagar otros 59 millones de dólares en compensación. En diciembre se presentaron cargos contra 17 personas, entre los que se encuentran dos hijos y un hermano del ex presidente Martinelli.
PerúEl monto de los presuntos sobornos es de 29 millones de dólares, pagados entre 2005 y 2014, en un periodo que abarca a tres Gobiernos distintos (Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala). Se trata de uno de los países más golpeados por el caso, ya que podría involucrar directamente a sus ex mandatarios.
En el caso de Toledo, ya se solicitó 18 meses de prisión preventiva acusado de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos, aunque el ex mandatario se encuentra fuera del país en París y todavía se espera su regreso para que responda ante la justicia. En el caso de Humala, un diario brasileño informó que su campaña presidencial habría recibido 3 millones de dólares, aumentando la incertidumbre sobre la investigación que ya se le realizaba por supuesto lavado de activos para financiar su postulación presidencial.
En el caso de la administración de García, el principal inculpado es Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones, acusado de recibir 2 millones de dólares para ayudar a Odebrecht a conseguir un contrato para unas obras de la red de metro.
Diversas organizaciones convocaron una marcha para el 16 de febrero como forma de protesta contra la corrupción. La ex candidata de oposición Verónika Mendoza, también llamó al actual presidente Pedro Pablo Kuczynski a dar explicaciones, porque él fue ministro de Economía y luego primer ministro durante el gobierno de Toledo.
VenezuelaOdebrecht está acusada de haber desembolsado 98 millones de dólares en sobornos para asegurarse contratos de obras públicas entre 2006 y 2015, la suma más alta después del propio Brasil.
La Asamblea Nacional de Venezuela anunció que citará a los representantes de la empresa en el país para obtener respuestas acerca del caso, asegurando que los contratos que tiene la compañía en el país ascienden a 20 mil millones de dólares en obras inconclusas. En esa línea, el presidente Nicolás Maduro aseguró que estos trabajos no terminados serían completados "con trabajo nacional".
AngolaLa Justicia estadounidense acusa a Odebrecht de haber pagado 50 millones de dólares en sobornos entre 2006 y 2013. Apunta directamente al pago a oficiales de gobierno y autoridades de compañías estatales para proyectos de infraestructura en el país. Angola, mantiene considerables relaciones comerciales con Brasil, con el que comparte idioma y coincidencias históricas (ambas son ex colonias portuguesas). Es una de las dos naciones africanas involucradas en el caso.
MozambiqueLos pagos de los presuntos sobornos ascienden a los 900.000 dólares entre 2011 y 2014. Es, junto a Angola, la única otra nación africana involucrada. Las autoridades locales investigan supuestos pagos para otorgarle a la compañía la construcción del nuevo aeropuerto de Nacala, al norte del país. La Oficina Central de Lucha contra la Corrupción (CGCE) ya ha tenido contactos con Brasil para profundizar la investigación, pero el secreto de sumario establecido por la justicia brasileña podría retrasar sus avances.
