MANILA.- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, reveló hoy una lista de 159 jueces, alcaldes, legisladores, policías y militares, supuestamente vinculados con el narcotráfico y les dio 24 horas para entregarse.
Del total, el elenco contiene el nombre y el cargo de: 8 jueces, 53 alcaldes y ex alcaldes, 3 congresistas y 95 policías y militares.
El jefe de Estado, que prometió durante la campaña electoral acabar con el crimen y las drogas en Filipinas en sus primeros seis meses de mandato, dijo que los delitos de cada una de esas personas han sido comprobados y verificados por la Policía y el Ejército.
"Tienen 24 horas para presentarse en nuestras unidades o voy a atraparlos", dijo Duterte en la base naval de Panacan, en la ciudad de Davao, de la que fue alcalde durante años y se ganó la fama de implacable con la delincuencia que le impulsó a la presidencia del país.
Los jueces deberán entregarse al Tribunal Supremo, los policías al jefe de la Policía Nacional de Filipinas, los militares al jefe del Estado Mayor y funcionarios al ministerio del Interior.
"Si no lo hacen, ordenaré a las Fuerzas Armadas de Filipinas que vayan por ustedes", amenazó Duterte.
El mandatario, que ordenó cancelar los permisos de armas y las licencias de los policías y militares mencionados en la lista, reconoció que podía equivocarse, por lo que asumió toda la responsabilidad.
"Es mi apuesta, he apostado mi vida, mi honor", destacó Duterte, de 71 años, en su discurso, según la agencia de noticias filipina PNA.
El presidente filipino indicó que esto no era un juicio, que cada una de las personas nombradas tendría el suyo, pero que le debía al pueblo filipino revelarle la verdad.
"Es muy importante que el pueblo conozca como están las cosas en el país. Es el compromiso que asumí cuando juré el cargo", manifestó Duterte, quien fue investido el 30 de junio pasado para un mandato único de seis años.
La lucha contra el crimen y las drogas se ha convertido en la piedra angular de la presidencia de Duterte, quien no se ha mostrado amilanado por las críticas de la ONU y otros organismo defensores de los derechos humanos porque ha dado permiso a los cuerpos de seguridad de matar a todos criminal y delincuente que no se entreguen.
Más de 800 supuestos malhechores han muerto en Filipinas desde que Duterte ganó las elecciones presidenciales celebradas el 9 de mayo pasado, según la cuenta que llevan los medios locales.
