El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, abordó este miércoles la pugna que mantiene el Estado con los principales accionistas del concesionario del aeropuerto de Santiago (Nuevo Pudahuel), Groupe Aeroports de Paris (ADP) y Vinci, quienes comunicaron ayer al Gobierno la decisión de iniciar un proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), con el fin de que el Estado de Chile extienda el contrato de concesión ante los perjuicios económicos generados en medio de la pandemia.
Los accionistas que operan el aeropuerto apuntan pérdidas sobre los US$30 millones por la drástica baja del flujo de actividad en el terminal, y aseguran que, sin la intervención externo o un acuerdo con el Estado, a 2022 Nuevo Pudahuel no podrá cumplir con sus compromisos financieros, es decir, entraría en un estado de insolvencia.
Así, con la acción interpuesta ante el Ciadi, comienzan a correr 6 meses de negociaciones amistosas anteriores al inicio del reclamo arbitral entre los socios de origen francés y el Estado chileno.
De esto, habló el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien insistió en la negativa del Ejecutivo por extender el plazo del contrato de la concesionaria, asegurando que desde que aterrizó el covid-19 en territorio nacional en marzo de 2020 "todos hemos recibido un golpe enorme. Algunas personas mucho más débiles que esta compañía han perdido su trabajo por muchos meses, otras han perdido a sus seres queridos, otros han pasado meses en el hospital. Nadie quisiera que esto pasara y estamos todos trabajando en conjunto para resolverlo".
Dicho eso, aseguró que "por cada peso que ha tenido de menos el aeropuerto, el Estado de Chile ha perdido tres pesos. Esta es una concesión donde ellos tienen el 23% de los ingresos y el Estado tiene el 77%. Lamento mucho que hayan tenido algunos meses que han sido duros, pero también lo han sido para el Estado de Chile". Además, sostuvo que la concesionaria lleva "años muy positivos, y ya veremos cómo serán los 15 que le quedan. Así es la vida, hay momento buenos y malos, pero lo que es evidente es que ni el contrato, ni la ley de concesiones bajo la cual ellos hicieron estos contratos, establece en ninguna parte que los chilenos tengamos que pagar por la pérdida económica que ellos hayan tenido durante estos meses o los que pudieran continuar".
En esa línea, expuso que "en los cinco años que está concesionaria ha estado a cargo del aeropuerto -no han construido nada todavía- han tenido todos los ingresos del aeropuerto del año 2015 hasta ahora, han recibido entre US$300 y US$400 millones de ingresos", y añadió que "ellos saben que tienen a su disposición todos los sistemas de soluciones de controversia que tienen estos contratos y no han acudido a ninguno, ya han hecho 14 reclamaciones contra el Estado de Chile en los últimos 5 años, y esta sería la número 15. Así que no habría ningún inconveniente para que pudieran hacerlo y no lo han hecho".
"Por cada peso que ha tenido de menos el aeropuerto, el Estado de Chile ha perdido tres pesos. Esta es una concesión donde ellos tienen el 23% de los ingresos y el Estado tiene el 77%. Lamento mucho que hayan tenido algunos meses que han sido duros, pero también lo han sido para el Estado de Chile (...). Así es la vida, hay momento buenos y malos, pero lo que es evidente es que ni el contrato, ni la ley de concesiones bajo la cual ellos hicieron estos contratos, establece en ninguna parte que los chilenos tengamos que pagar por la pérdida económica que ellos hayan tenido durante estos meses o los que pudieran continua".
Alfredo Moreno
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Aquí de lo que estamos hablando es respecto de los resultados económicos de esta empresa y de esta pretensión de que los chilenos tuviéramos que aportar a esos resultados económicos. Eso no está establecido en ninguna parte, más aún, la ley lo prohíbe, los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que la ley permite,
no pueden arreglarles los problemas a las empresas porque simplemente a ellos se les ocurre", acotó Moreno.
Asimismo, el titular de Obras Públicas aclaró que la concesionaria, por el momento, "está cumpliendo con las obligaciones del contrato", asegurando que el objetivo de La Moneda en medio de este conflicto es que se cumpla "el servicio que queremos que nos brinden y defender el interés de los chilenos y del Estado de Chile, y no nos van a mover de esa posición, que es la que corresponde. Nosotros vamos a respetar absolutamente todos los derechos que tiene esta concesionaria y todas".
"Las empresas tienen que cumplir con lo que se ha pedido, esta empresa lo ha cumplido, y no pueden aspirar a utilizar otros mecanismos para recibir lo que no corresponde. Eso es lo que está en juego en esto, no está en juego nada de lo que se dice, ni el servicio a los pasajeros, ni el número de vuelos. Ellos lo que están buscando es que se les alargue el contrato, lo que significan miles de millones", resaltó.
¿Qué pasa en caso de insolvencia o incumplimiento de contrato?
Consultado si es que no sería menos costoso para el país extender esta concesión en vez de que Nueva Pudahuel entre en insolvencia, Moreno manifestó que "el contrato de concesiones se pone en la situación de que a una concesionaria le puede ir mal, por lo tanto, establece qué sucede en el caso de que la empresa entre en estado de insolvencia, y en ese caso el contrato de concesión continúa exactamente igual en mano de los acreedores. Ellos verán qué es lo que van a resolver, si van a vender esa concesión o si van a contratar a otro para que lo haga y cuál es la mejor manera de recuperar sus acreencias".
"Lo que sí produce una situación distinta es el incumplimiento del contrato. Ellos tienen un contrato que tienen que cumplir, lo que significa que tienen que hacer ciertas obras y terminarlo en cierto momento. Si no cumplen bien y esos incumplimientos son graves, el contrato establece que lo que sucede va desde perder la concesión, caso en el cual lo asume directamente el Estado en forma muy rápida, nombrando un interventor que toma el control de esta compañía, reemplaza al gerente, al directorio, y simplemente sigue funcionando de la misma manera, y luego de eso, decide si va a licitárselo a otro o si lo va a operar", explicó.
En esa línea, comentó que "en el caso chileno, que estamos acostumbrados a hacer esto por concesiones, habría una nueva licitación y lo que recibiría este concesionario anterior sería sencillamente el valor de esa nueva licitación menos los costos que incurra Chile por ese periodo de la licitación y todo lo que tenga que hacer en ese momento".
Por último, expuso que "también se ha dicho que Chile tendría que pagar volúmenes mayores, y lo que se licita es exactamente el mismo contrato, no cambia en nada. En esto les pido que tengamos un poco de seriedad, esta empresa ha hecho lobby en todos los ministerios que existen en este país, con todas las autoridades, cosa que no es necesaria. Esta es una cosa seria, tenemos un contrato, esta es una empresa de enorme magnitud, nosotros somos serios, somos responsables, cumplimos los contratos, y eso es lo que vamos a hacer".
