En una sesión conjunta entre la comisión de Hacienda y la de Trabajo del Senado, los ministros de Hacienda y Trabajo, Ignacio Briones y María José Zaldívar, respectivamente, expusieron ante los parlamentarios que integran dichas instancias los lineamientos del proyecto del Gobierno que permite un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, pero acotando el universo de beneficiarios y que no haya exenciones tributarias sobre los montos retirados.
Junto con ello, la iniciativa presentada ayer por el Ejecutivo también busca subir hasta 60 días el plazo para que las AFP entreguen los recursos solicitados, y que esto se haga en dos cuotas, junto con que establecer que los afiliados que saquen parte de sus ahorros previsionales deben reintegrarlos, lo que desde la oposición han criticado, calificándolo como un "préstamo".
Así, durante su exposición, Briones aseguró que el proyecto que impulsa el Gobierno tendría un costo fiscal máximo de US$2.154 millones a valor presente, lo que podría ser menos dependiendo el porcentaje de los dineros retirados que sean reintegrados. "Este es el techo y va a ser condicional al total de montos que se reintegren", dijo.
En cambio, agregó, "si uno toma el proyecto de reforma constitucional -impulsado por la diputada Pamela Jiles (PH) y despachado ayer a Sala por la comisión de Constitución del Senado-, el costo fiscal es similar, pero ese caso el monto es más cierto porque ahí no hay reintegro".
"Los US$2.154 millones es un techo, en cambio en el caso de la reforma constitucional, es un valor esperado. Esa es una gran diferencia", recalcó.
Esto, ya que los montos retirados disminuyen el saldo disponible de los cotizantes, y para aquellos que están en el 60% más vulnerable y acceden al Pilar Solidario, el monto de subsidio estatal será mayor, lo que "tiene un costo fiscal en el tiempo", comentó el ministro.
Asimismo, el jefe de la billetera fiscal destacó que el proyecto del Gobierno "no innova en materia de crear exenciones tributarias, como sí lo hace el proyecto de reforma constitucional" que apunta a un segundo 10%. "Y este efecto tributario de la reforma constitucional nosotros la cuantificamos en torno a US$1.000 millones, por la no recaudación de impuesto a la renta, y una segunda pata de exención de invertir los montos en una APV, y tener un beneficio tributario adicional, que es extremadamente regresivo".
Por último, acotó Briones, esos US$1.000 millones de costo en materia tributaria del proyecto de la diputada Jiles, sería "un regalo" a las altas rentas del país y es, según el ministro, "equivalente a todo lo que retiraría el quintil de menores ingresos del país".
