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Santiago: Jueves 25 de abril del 2024 | Actualizado 13:22
Y si bien Briones remarcó que "esta discusión es bastante más amplia que el tema de los asesores previsionales y que el traspaso de fondos, que es apenas un elemento", el foco del debate que se alcanzó a tener durante la sesión estuvo centrado allí.
Así, de acuerdo a lo expuesto por el ministro, las indicaciones al DL 3.500 -inspiradas en un estudio encargado a la OCDE y publicado el martes-, buscan aplicar un estricto marco regulatorio a los asesores previsionales no regulados con el fin de "resguardar la fe pública y proteger a los inversionistas".
Para ello, las 10 entidades que existen actualmente de esta naturaleza -que hacen recomendaciones para cambiarse de fondos- se deberán someter a la fiscalización de la Superintendencia de Pensiones (SP), homologando esta asesoría a una asesoría previsional, la cual ya existe en la normativa actual.
"Se entenderán como asesorías previsionales las recomendaciones no personalizadas, las remuneradas y las habituales no remuneradas; la SP establecerá los requisitos para estas últimas mediante norma de carácter general", expuso el ministro. De esta forma, las actuales asesorías previsionales personalizadas pasarían a estar reguladas solo por la SP.
Otra de las indicaciones al DL 3.500 es aquella que busca disminuir la comisión máxima que podrá pagar un pensionado por concepto de asesoría previsional desde un 2% a un 1,5% de los fondos.
Además, se introduce una sanción administrativa, adicional a la penal, a quienes infrinjan las normas relativas al registro. Asimismo, los asesores previsionales no podrán realizar publicidad, propaganda o difusión que contenga declaraciones tendenciosas, alusiones o representadores que puedan inducir a error.
A su vez, según Briones, la SP y la CMF deberán coordinarse para definir las materias que los asesores previsionales deberán conocer para acreditarse, de tal manera que su conocimiento sea "homogéneo".
Respecto al Artículo 32 del DL 3.500, la indicación presentada establece nuevas normas para los cambios de fondos de pensiones. En primer lugar, según lo expuesto por Briones, "la transferencia debe efectuarse en un plazo que fijará la SP no mayor a los 30 días".
De la misma forma, establece que "sólo podrán hacerse transferencias a fondos adyacentes (no aplica al ahorro voluntario)". Lo anterior, dado los resultados del estudio encargado a la OCDE, el cual concluyó que "es apropiado regular los traspasos, dilatando el plazo en el cual se materializa el traspaso y restringiendo el movimiento entre fondos conservadores y riesgosos, debido a que rara vez estos cambios benefician a los afiliados".
De acuerdo al ministro, "la pertenencia a un fondo de pensiones tiene comos sentido último construir una pensión. Esa construcción se basa en un horizonte de largo plazo a través de los retornos que los fondos generen".
"Es importante este punto porque en finanzas corporativas, la teoría y la práctica, señalan que al elegir un portafolio es fundamental tener a la vista cuáles son los plazos de inversión, en eso se basa la lógica de los multifondos : tiene que ver con los distintos horizontes de plazo de las inversiones y los distintos niveles de riesgo que pueden soportar", explicó Briones.
En esa línea, agregó que "evidentemente, y aquí es donde se inscribe la recomendatorio de la OCDE, estar saltando de fondo, por ejemplo de un fondo A que tiene un determinado horizonte de inversión más largo típicamente disponible a las personas mas jóvenes, ese cambio no es inocuo en términos de lo que nos interesa que es la construcción de una pensión de largo plazo".
En esta materia, el ministro citó que el informe expone que en Europa sólo se pueden mover los fondos después de 5 años; en México y Eslovenia se estructuran los fondos de acuerdo a la edad del cotizante y se restringen las transferencias a fondos destinados a una edad distinta; y Singapur exige completar un cuestionario de conocimiento en inversiones para hacer el cambio.
Debido a la falta de unanimidad para extender la sesión de este miércoles, la continuación del debate quedó fijada para el próximo 10 de junio, donde se contempla que expongan Ann Katharina Clark, presidenta de AGAP, y Gino Lorenzini de Felices y Forrados.
