SANTIAGO.- Tras el anuncio de desvinculación de 150 trabajadores, Minera Invierno explicó, a través de un comunicado, el plan de paralización progresiva que está realizando la empresa y que
ha llevado al despido total de casi 500 trabajadores en lo que va del año.
Así, la empresa que se dedica a la extracción de carbón en Isla Riesco en la Región de Magallanes, sostuvo que la decisión del Tribunal Ambiental de mantener la medida cautelar que prohíbe la realización de tronaduras bajo los 100 metros por sobre el nivel del mar, es "
inexplicable".
"Tal como se lo explicamos al tribunal en reiteradas ocasiones, la decisión de mantener la medida cautelar nos ha llevado a esta situación profundamente dolorosa e injusta, especialmente para las más de doscientas familias que hasta ahora han sido afectadas con la pérdida de su empleo", dijo el gerente general regional de la minera, Guillermo Hernández.
En ese sentido, la firma ligada a las empresas Angelini y Von Appen, sostuvo que en lo que va del año han debido despedir a 230 personas, además de "una cantidad similar" de trabajadores de empresas contratistas. Es decir, en 2019 casi 500 personas han sido desvinculadas del trabajo ligado a la compañía.
De todas formas, Hernández aseguró que "aún no se ha tomado una decisión de cierre" y que "vamos a continuar haciendo todos los esfuerzos desde el punto de vista legal para intentar revertir esta situación, pero la variable 'tiempo' es crítica".
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Nos parece inexplicable que todos los antecedentes técnicos y científicos aportados por expertos y los organismos competentes, no estén siendo valorados y que ello termine por afectar el desarrollo de una región que tradicionalmente ha estado ligada a la minería", criticó el gerente regional.
"Es tremendamente preocupante que los antecedentes técnicos y científicos que le permitieron obtener la resolución de calificación ambiental no estén siendo considerados y se dañe así gravemente la confianza en la institucionalidad y la certeza jurídica"
Alfonso Swett, presidente de la CPC
Cabe recalcar que el ajuste se enmarca en el plan de paralización progresiva anunciado por la compañía "para enfrentar el crítico escenario operacional y financiero de la mina, que se vio forzada a detener esta semana los últimos equipos dedicados a la remoción de estéril".
"En adelante, solo permanecerá operando una parte de la flota para la extracción del carbón remanente en la mina y otras tareas complementarias", sostuvo la empresa y agradeció "el compromiso de todos los trabajadores y de la comunidad de Magallanes que ha manifestado su apoyo durante las últimas semanas".
Sonami expresa "profunda preocupación"
Tras la noticia, el presidente del gremio minero, la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, disparó contra el Tribunal Ambiental y dijo que "la decisión de mantener la medida cautelar está terminando por asfixiar a esta operación minera".
"Se trata de un hecho que daña gravemente la confianza en la institucionalidad y el clima para el desarrollo de negocios"
Diego Hernández
El líder gremial, agregó que "la decisión del Tribunal levanta una alerta en la minería nacional, no solo por la falta de fundamento jurídico, sino porque el impedimento de realizar tronaduras, en la práctica, implica el fin de la actividad minera en la Región de Magallanes, poniendo en peligro más de 1.000 empleos y la concreción de futuras inversiones".
"Aquí se está dañando el marco normativo medioambiental al afectar los actos administrativos emanados de otros organismos pertinentes y echar por la borda recursos tanto privados como públicos y años de tramitaciones para la obtención de los permisos", acotó Hernández.
