La propuesta sobre pensiones de Bachelet en los ojos de expertos: "Impuesto al trabajo" y "medida parche"

Pone un nuevo impuesto grande a los empleos con seguridad social, es decir a los asalariados formales. Al mismo tiempo los políticos siguen eximiendo a los empleos independientes: los empleos que se ejercen en la calle quedan libres de impuesto.

Esta desigualdad es muy negativa. Uno de los resultados de esto será inducir, a medida que se aplique este nuevo impuesto, a más empleadores y trabajadores a pasarse a la informalidad, para evitar estas nuevas cotizaciones. Habrá menos empleos con seguridad social, y bajará el número de cotizantes. Eso bajará las pensiones para quienes tengan empleos más modestos.

De los 5 puntos de la nueva cotización impuesta, dos serían restados del ahorro de los trabajadores gravados. El discurso esconde cómo repartirán los políticos estos recursos. Como los profesionales independientes y los dueños del capital, con ingresos mayores, no aportan nada a esa repartición, este sistema aumenta la desigualdad.

Los otros 3 puntos de cotización irían a un organismo estatal monopólico. Como sugiere el comportamiento de la Nueva Mayoría desde que llegó al gobierno, este organismo estatal será una fuente de pegas para amigos de políticos en los distintos gobiernos de turno... Para escapar de los abusos, se recomienda abrir ese monopolio: permitir a cada trabajador elegir a quién encargar la gestión de esos 3 puntos de cotización.

No es fácil creer en los beneficios prometidos, porque los recursos parecen ser gastados dos veces: se usan al mismo tiempo para subir las pensiones actuales, y para subir las pensiones del futuro. No explican cómo.

La conclusión: es otra reforma mal hecha, impuesta por una coalición que no tiene apoyo ni legitimidad, y que se está disolviendo.

Difícil que haya acuerdo en el Congreso si la comisión no lo logró.

Respecto al anuncio valoro que el 3% vaya a cuentas individuales. Sin embargo, que la administración se entregue a una nueva entidad pública, generará gastos innecesarios tanto en su creación como en su operación. Innecesarios dado que las AFP lo harían gratis, y como se sabe están debidamente reguladas.

El 2% adicional se transforma en un claro impuesto al trabajo. Cualquier mejora solidaria en las pensiones debiera financiarse con recursos generales de la nación, igual que nuestro actual sistema de pensiones solidarias.

No quedó claro cómo se van a aumentar las pensiones actuales (20%).

Un aumento de la tasa de cotización del 3% mejorará las pensiones en un 30% en régimen, y no en un 50% como señaló la Presidenta, ya que se entiende que el 2% restante es para mejorar las pensiones actuales.

Debe considerarse que las AFP administran los fondos de los trabajadores de acuerdo a las normas legales vigentes, con estrictas restricciones de diversificación, tanto por instrumentos como por emisor. Además existe un Comité de inversiones que analiza sistemáticamente en qué se puede y no puede invertir. Para resguardar el manejo de los fondos de una AFP existe la rentabilidad mínima. Es decir, si una AFP no genera la rentabilidad mínima legal, debe aportar recursos propios para alcanzarla.

Esto no es una solución de fondo de ninguna forma, es un pequeño parche y lo único que demuestra es que la manea de mejorar las pensiones ahora es con un sistema de reparto.

La Presidenta plantea que para mejorar las pensiones se requiere una lógica de reparto, que es bien incipiente, por tanto, si estamos situados en la cancha del 5%, al menos que el 5% debería ir a un ahorro colectivo, porque sería una forma de mejorar hoy día las pensiones y de futuro de una manera un poco más amplia.

Si es que nos situáramos en el mundo de las AFP, ojalá las comisiones fueran más bajas, que hubiese más fiscalización, pero el tema es ojalá mejorar ostensiblemente las pensiones y con esos cambios pueden ocurrir algunos efectos pequeños, pero no se van mejorar las pensiones. Aquí lo que se necesita no es mejorar en un 20% las pensiones, sino que en un 100%.

Que aumenten un 50% las pensiones de los actuales cotizantes es algo absolutamente incierto. La Presidenta con el ministro de Hacienda deberían demostrar ese número.

¿Afectaría al mercado laboral?

Depende mucho del poder de negociación de los trabajadores, pero que en Chile es bajo por la baja sindicalización. Aquí hay una medida que es gradual de subir al 15% en seis años. No sabemos cómo va a ser el proceso, pero cuando hay una medida gradual, el impacto en el empleo si es que existiera, se aminora.