El persecutor llegó a Aysén en octubre del año pasado.
Fiscalía regional Aysén
SANTIAGO.-
Carlos Palma Guerra, luego de solo tres meses ejerciendo como persecutor regional de Aysén, fue designado este lunes por el fiscal nacional,
Jorge Abbott, como el responsable de la indagación por supuesto montaje de Carabineros en el marco de la polémica
"Operación Huracán".
Lo anterior, luego de que el Ministerio Público decidiera agrupar las 10 investigaciones sobre eventual manipulación de pruebas en dicha causa.
Así, la indagatoria por supuesta obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público que inició en diciembre pasado el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, quedó en manos de Palma.
La decisión de Abbott se conoce en medio de la petición de la defensa de los siete carabineros investigados por este presunto montaje, que había solicitado que Paredes dejara la investigación. "El mismo fiscal que inició esta causa y que participó en esta operación es el fiscal acusador", manifestaron.
Abogado de la Universidad de Talca, Palma lleva 17 años como fiscal del Ministerio Público. Antes de comenzar a ejercer su actual cargo en Aysén, fue fiscal jefe de Coronel y se desempeñó como fiscal adjunto de Concepción y Talca, además de trabajar como persecutor subrogante de la fiscalía regional del Biobío.
Todo esto desde el 2011 hasta octubre del año pasado, cuando desembarcó en la austral Aysén.
El persecutor que cuenta con un magíster en Criminología y Justicia Penal de la Universidad Central, posee amplia experiencia como fiscal especializado en la investigación de delitos sexuales, lavado de activos y crimen organizado, tráfico de drogas, trata de personas y delitos de corrupción pública.
Causas
La tarea de hacerse cargo de la indagación que apunta a la presunta manipulación de pruebas por parte de Carabineros para culpar a ocho comuneros mapuche por la quema de maquinaria agrícola e iglesias -causa sobreseída el viernes pasado-, no es el único desafío importante en el que Palma se ha visto involucrado.
Hace solo un mes, asumió la investigación por fraude al fisco y malversación de caudales públicos denunciado por la municipalidad de Guaitecas (Aysén) en 2016. Los montos defraudados podrían alcanzar la cifra de $1.650 millones, en el período de 2012-2016.
"Sin embargo ese monto deberá ser determinado en el marco de la investigación penal", aclaró Palma en su oportunidad.
El fiscal también participó del caso Corpesca. En esta causa realizó diligencias clave para determinar si es que existieron o no pagos irregulares para aprobar la cuestionada Ley de Pesca.
"Profesional riguroso"
Quienes han trabajado con Palma lo definen como un "profesional riguroso en sus investigaciones, pero al mismo tiempo con muchas habilidades blandas".
Además, sostienen que es un fiscal aplicado que mantiene buenas relaciones tanto con Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), igualmente con las víctimas.
También cuenta con experiencia en el ámbito académico, donde ha sido docente de los diplomados sobre derecho penal, destrezas de litigación y peritajes de abuso sexual de la Universidad de Concepción, como asimismo de la cátedra de destrezas de litigación penal y derecho procesal de la Universidad San Sebastián.
