SANTIAGO.- Pasados algunos minutos tras las 18:00 horas, el juez de Garantía de Temuco,
Federico Gutiérrez, comunicó su decisión ante la petición de la defensa de los diez imputados en la llamada
"Operación Huracán", que buscaba su sobreseimiento.
Tras una audiencia que duró cerca de siete horas y en la que también se rechazó la petición de Intendencia de La Araucanía de reabrir la investigación, el magistrado optó por sobreseer tanto a los ocho imputados por asociación ilícita terrorista, entre ellos el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, como a los dos implicados en la quema de camiones en Padre Las Casas.
El juez fundó su resolución el hecho de que "no existían ni existen al día de hoy pruebas que vinculen a los imputados en calidad alguna" con los delitos de incendio.
Aunque aclaró que los estándares del sobreseimiento son distintas a los de una resolución absolutoria, el juez consideró que la decisión de fiscalía de no perseverar "puede ser un remedio procesal suficiente, pero constituye un estigma innecesario en los imputados" quienes, a su juicio, "se han visto afectados ilegítimamente en su honra".
Esto constituye un segundo revés de la jornada para el Gobierno en lo que ha sido el caso más bullado del conflicto mapuche durante la administración de Michelle Bachelet. El primero fue el rechazo del tribunal a reabrir la causa, cerrada por la fiscalía al enterarse de la manipulación de pruebas que habría cometido Carabineros en medio del proceso.
De hecho, el abogado Juan Pablo Alday, de la defensoría penal mapuche, presentó en la audiencia de hoy un informe elaborado por la Policía de Investigaciones que sostiene la existencia de esta supuesta adulteración.
A juicio del profesional, el documento "refrenda lo ya señalado en los dos informes periciales y dejan claro que los mensajes respecto a los que se alude en el Informe 130 no cumplen con la estructura, ubicación ni fecha de elaboración".
La defensa asimismo acusó una "gran farsa" y "una gran vergüenza", luego de que se cerrara el caso por supuestas irregularidades en las pruebas.
Además, dijeron que las conversaciones supuestamente interceptadas por la institución constituían la "única prueba" para imputar a los comuneros, señalando que "debe ser el único caso en Chile y el mundo donde se pretende imputar un delito terrorista con conversaciones de Whatsapp y Telegram".
