Se aprobó sancionar el lucro con cárcel y aumentar las exigencias en acreditación.
El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- Luego de sesionar durante 23 horas de manera ininterrumpida, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó esta mañana el proyecto de ley de Educación Superior.
Los parlamentarios comenzaron a votar la iniciativa, artículo por artículo, la mañana del miércoles y, debido a la urgencia con que contaba el proyecto, debía ser votado hasta su total despacho.
Luego de ser aprobado en la Comisión, el proyecto –que ya lleva caso un año tramitándose en el Congreso– pasará a la Comisión de Hacienda y luego debería ser discutido en la sala de la Cámara de Diputados a mediados de julio, para luego pasar al Senado.
Entre los artículos que se aprobaron se cuentan sanciones al lucro, que incluso puede ser penado con cárcel; y mayores exigencias en la acreditación de las instituciones de educación superior, que deberán tener al menos 4 años de certificación o, de lo contrario, se nombrará un administrador provisional. Si en dos años no logran aumentar su acreditación, se nombrará un administrador de cierre.
También se incluyen cambios al sistema de admisión a la educación superior, que ahora quedará en manos de una Subsecretaría de Educación Superior y no del Consejo de Rectores, como era hasta ahora; y se aprobó una indicación de los parlamentarios para ampliar el Consejo de Rectores y abrirlo a recibir nuevas instituciones que cumplan ciertos requisitos.
En cuanto a la gratuidad, se aprobó el mecanismo propuesto por el Gobierno, de que su ampliación dependa del crecimiento del país (PIB tendencial).
No obstante, se rechazó el artículo del Ejecutivo que establecía que los alumnos beneficiados sólo contarán con la gratuidad el tiempo que dure formalmente la carrera, y que quienes excedan ese plazo hasta por un año pagarán el 50%. Esto ya que varios parlamentarios eran partidarios de que se extendiera el tiempo de duración de la gratuidad.
También se aprobó que se debe eliminar el Crédito con Aval del Estado (CAE), para lo que se enviará un proyecto de ley en el segundo semestre.
