SANTIAGO.- Paz e integración social con urgencia solicitaron este miércoles los gremios regionales y sectoriales agrupados en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) para la Región de La Araucanía, y criticaron la impunidad con la que actúan grupos violentos en la zona y que afectan a personas, empresas e instituciones.
En un inserto publicado en La Tercera, el organismo declaró su solidaridad a quienes "hoy son víctimas de una violencia creciente en La Araucanía por parte de grupos que están actuando en absoluta impunidad. Se está causando un grave daño al país y se incrementa el riesgo de extender su amenaza a más sectores del territorio nacional".
"A la luz de los hechos, podemos afirmar que en esa zona ya no impera el Estado de Derecho. Es evidente la incapacidad de los poderes del Estado para reaccionar y cumplir con sus funciones de hacer respetar la ley y sancionar los delitos que se cometen", continúa el texto.
La crítica se realiza en el marco de la aprobación de una interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, que busca abordar su gestión en materia de seguridad en La Araucanía, entre otras cosas.
La acción fue impulsada por Chile Vamos luego de acusaran presuntas "presiones" desde el Gobierno para cambiar la prisión preventiva de la machi Francisca Linconao -imputada en el caso Luchsinger- por un arresto domiciliario, tras cerca de dos semanas de huelga de hambre.
En ese contexto, la Sofofa hace "un llamado urgente al Gobierno a cumplir con su deber fundamental de respetar y hacer respetar la Constitución de la República".
"Urge tomar medidas inmediatas y excepcionales, haciendo uso de todas las facultades que contempla nuestro ordenamiento institucional, a fin de identificar, detener, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos, así como adoptar las medidas que permitan prevenir su futura ocurrencia", agrega.
Por eso, demandan al Ejecutivo a "evitar toda ambigüedad en el compromiso con la paz social, especialmente en el otorgamiento de beneficios a los responsables de la violencia. Esto implica también la revisión en profundidad de la política de tierras y sus errados incentivos".
El organismo también llamó a fortalecer la integración social como fundamento que sustente el diálogo e instó al Gobierno a aplicar políticas públicas eficientes en salud, educación y economía, "en una zona que sufre un estancamiento inaceptable en todos estos temas".
